Austral y Progen importaron generadores usados, confirma la Contraloría

La contratación de generación de energía térmica de emergencia con Austral y Progen provocó un costo alto para el Estado ecuatoriano. La Contraloría General informó que estos procesos causaron un perjuicio de alrededor de $140 millones.

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Así lo advirtió este 22 de julio de 2025 Mauricio Torres, contralor general del Estado, en una entrevista radial, donde anticipó algunos resultados arrojados por el examen especial realizado a los contratos con la empresa estadounidense Progen.

En la firma de estos convenios, confirmó, se hallaron problemas que derivarán en responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios penales, adelantó el contralor general. Se trata de un tema similar al de Austral.

Progen fue contratada para instalar las centrales térmicas de emergencia Quevedo III y Salitral. Con estas instalaciones el Gobierno actual buscaba sumar 150 megavatios en medio de la crisis eléctrica que atravesaba el país en 2024. Su puesta en marcha estaba prevista para finales de 2024 e inicios de 2025. Sin embargo, esto no se ha concretado hasta la fecha.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) incluso optó por terminar de manera unilateral el contrato con Progen (ver gráfico).

El Ministerio de Energía y Minas tiene previsto cobrar en esta semana $7,5 millones de garantías, según informó en TC Televisión su titular, Inés Manzano.

¿Qué identificó la Contraloría en los contratos con Progen?

En la auditoría efectuada a los contratos de Progen se confirma, entre otros puntos, que si bien no fue posible revisar los equipos porque si se lo hacía se corría el riesgo de perder la garantía, se determinó que estos no son nuevos y no fueron comprados al fabricante, según los documentos revisados.

“Fuimos inclusive al fabricante de esos equipos (...) ellos certificaron que no han vendido los equipos a Progen”, enfatizó el contralor general del Estado.

En la contratación se identificaron también “serios errores”. Se hizo, por ejemplo, una adenda modificatoria para efectuar los pagos. Está previsto que hoy los resultados se conozcan oficialmente.

Este tipo de irregularidades representan para el Estado un perjuicios de alrededor de $100 millones. De estos, $70 millones corresponden a Salitral y $30 millones a Quevedo.

Si a esto se suman las afectaciones provocadas por Austral (que fue también observado por la Contraloría por importar equipos usados y otros), el perjuicio asciende aproximadamente a $140 millones, dijo Torres. Hasta junio de 2025, la Celec ordenó el pago de más de $168,9 millones, según el Sistema de Giros Internacionales (SGI) del Banco Central del Ecuador (BCE).

“Difícilmente se va a recuperar ese dinero. El Estado firmó esas condiciones”, manifestó el legislador Lenín Barreto (RC).

¿Qué responsabilidades identificó la Contraloría General en Progen?

La Contraloría indicó que en estas contrataciones, efectuadas en agosto de 2024, existen “al parecer” servidores que fueron responsables de estos procesos.

Torres precisó que es importante señalar que la empresa pública que contrató a esta firma fue la Celec y que aunque se delegó a las unidades de negocio, la empresa pública no está exenta de responsabilidad. “No porque delega la empresa evita responsabilidad (...) El gerente general debe responder a estas situaciones”, afirmó.

La Celec delegó a Termopichincha la firma del contrato con Progen. Electroguayas estuvo a cargo del proyecto Esmeraldas III (91 MW) con Austral.

Agregó que deberán responder las empresas contratadas y los servidores que “cometieron estas faltas”, en el ámbito civil e inclusive penal. El informe de Austral fue remitido ya a la Fiscalía General del Estado. Y en los próximos días se hará lo propio con Progen.

El contralor manifestó que tras conocer los resultados, se espera “que por lo menos lo que tenemos (generadores y otros equipos) puedan funcionar, aunque sea después con ciertas rectificaciones. Lo importante es recuperar y que se rectifique lo que está mal y salir adelante”.

Para incorporar esa energía pendiente al sistema eléctrico nacional, antes las autoridades deben informar sobre el estado de los equipos adquiridos, su situación legal y definir un cronograma para su puesta en marcha, apuntó Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía.

El Gobierno firmó en 2024 estos tres contratos para instalar centrales térmicas de emergencia que aportarán en total con 241 megavatios, entre finales de 2024 e inicios de 2025. Pero su puesta en marcha no se concretó.

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