La precampaña es una zona gris que nadie puede controlar

Aunque la campaña electoral para las elecciones seccionales está prevista entre el 12 y el 26 de noviembre, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), la disputa por captar el apoyo ciudadano ya comenzó. Los aspirantes a las 222 alcaldías, 23 prefecturas y más de 1.300 concejalías intensifican su presencia en redes sociales, recorridos barriales y actividades públicas para posicionar sus candidaturas.

La actividad proselitista también alcanza al Gobierno. En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa ha promocionado proyectos que podrían ser impulsados por candidatos respaldados por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

Los actos de campaña anticipada

Este escenario ha provocado reclamos de organizaciones políticas, que advierten sobre posibles actos de campaña anticipada y el uso de recursos públicos con fines electorales. Durante el primer consejo consultivo convocado por el CNE, el pasado 23 de julio, representantes de los partidos expresaron sus preocupaciones por las actividades de precampaña.

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, solicitó que el organismo vigile tanto estas acciones como la utilización de recursos estatales por parte de autoridades en funciones. Allí sostuvo, “hay asambleístas del partido de Gobierno que hacen promoción electoral mientras mantienen su condición de legisladores”.

Además, los delegados políticos pidieron que el CNE establezca controles más claros y emita directrices para diferenciar las actividades inherentes a un cargo público de aquellas que constituyen promoción electoral anticipada.

El CNE formalizó la convocatoria a elecciones el fin de semana y abrió el proceso de inscripción de candidaturas. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre las denuncias de la precampaña.

Luis Verdesoto, exvocal del organismo electoral, cuestiona ese silencio. “Debe intervenir y llamar, desde la fuerza moral y política que le corresponde, para advertir sobre las contravenciones que se cometen. Es la principal autoridad durante el período electoral. Tiene la obligación de hacerlo, al margen de las sanciones que están previstas. Debe hacer cumplir el reglamento”.

El rol del Tribunal Supremo Electoral

Para el exvocal, ciertas actuaciones ya constituyen una intervención electoral previa al período oficial de campaña. “Si hay un presidente que dice que va a hacer un estadio para favorecer a su candidata a alcaldesa de Quito, es obvio que está interviniendo en las elecciones. Está interviniendo antes, en la precampaña. Y la precampaña tiene que llevar al CNE a sancionar ese ejercicio, que no es solamente económico, sino que también, fundamentalmente, debe implicar una sanción política, una sanción moral; debe ser una voz fuerte que establezca que todo debe funcionar dentro de la regla”, reclama.

Las críticas también provienen de exautoridades electorales. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), actual CNE, considera que el organismo no ha desarrollado reglas suficientes. El Consejo “no ha regulado adecuadamente, y eso produce una permanente violación de las normas y la falta de un control adecuado. Debieron haber previsto con anticipación dictar reglamentos para la competencia, qué es lo que se puede hacer y qué no. Pero no lo hicieron y por eso existe un desorden total en las actividades”.

La observadora electoral de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Ariel Merino, explica que la falta de acción institucional favorece la repetición de estos conflictos en cada proceso electoral.

“Existió una reforma al Código de la Democracia, pero, por los constantes procesos electorales, esto se ha convertido en una dificultad. El problema no es la falta de normativa; el desafío es que se requiere voluntad política para hacer cumplir las leyes”, afirma.

Falta de voluntad institucional

Verdesoto sostiene que detrás de la falta de controles existe un problema de voluntad institucional y de relaciones políticas entre los organismos electorales y los partidos. A su juicio, el CNE “es una fuente de muchos favores. Y cuando se dejan pasar temas de los partidos políticos, lo que se logra es que te guarden un favor, acumulando un pro bono, guardando una posibilidad de recibir prebendas subterráneas, como cargos o un control flexible”.

Ese sería el motivo por el que el organismo reduce la intensidad de la fiscalización o, en ciertos casos, evita ejercer controles efectivos sobre las organizaciones políticas, observa. “Allí hay un interés, una mezcla del hambre con la necesidad: el partido incumple las normas y el Consejo las tolera. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Los ciudadanos”, concluye.