La reactivación del sector de la construcción, anunciada por el Gobierno el pasado 17 de abril, aún no tiene fecha de inicio. La supuesta apertura de un plan piloto, que autorizaría -de modo tentativo- la reanudación de veinticinco obras, y que se contemplaba para esta semana, quedó en el aire cuando la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que lo único que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional analizaría, sería el protocolo de seguridad presentado por el gremio.

El aplazamiento preocupa al sector, que genera 486.000 plazas de trabajo a nivel nacional, pero sus directivos y constructores se dicen dispuestos a esperar a que las medidas entregadas a la entidad de seguridad, y creadas en base a los protocolos implementados en países como España, Chile y Colombia, sean ratificadas, con el fin de garantizar el bienestar de los trabajadores en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Estos consideran, sin embargo que, más allá de retomar la actividad en las obras, el Gobierno necesita reactivar de manera urgente a los organismos públicos que son una parte vital de esta cadena de producción, y sin la cual no pueden garantizar el flujo de dinero: las ventanillas municipales, los registros de la propiedad, y las notarías.

“Esta paralización de servicios ha ocasionado que el desembolso de $ 400 millones en créditos hipotecarios a nivel nacional esté represado. Estas son personas que estaban por mudarse a una nueva casa, pero no pueden hacerlo porque los trámites están paralizados. Estas ineficiencias en el servicio público, advertidas al COE Nacional hace varias semanas, pone en riesgo la cadena de pagos del sector de la producción y con ella a los trabajadores y proveedores”, explicó Jaime Rumbea, presidente ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda de Ecuador (APIVE).

EXPRESO solicitó datos sobre la reapertura de estos servicios al COE, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura indicó que, tras la aprobación del organismo de emergencia, la reapertura de las notarías se hará de manera paulatina. “Las notarías no van a funcionar de 7 a 12 del día de manera permanente sino que van a atender dependiendo del turno que asignen los notarios a los usuarios para hacer los trámites”, dijo Francisco Jácome, titular del la CJ en Guayas.

Virgilio Gonzenbach, propietario de la constructora Covigon, concordó en que la reapertura de la construcción debe ir de la mano con la reanudación de servicios. “El que no funcione una de las entidades en la cadena de pagos, interrumpe todo el sistema. Eso significa que no se pueden cobrar los recursos a los bancos, que no se pueden pagar los impuestos, que no hay liquidez. ¿De qué sirve que reabra, por ejemplo, el Registro de la Propiedad de Guayaquil, si las notarías no están trabajando?”, preguntó.

En el caso de esta compañía, cuenta con un proyecto de vivienda social con un 70 % de avance, y que está paralizado. “La demora en retomar las actividades, y en no poder contar con liquidez, afecta la posibilidad de que las empresas podamos proteger los puestos de trabajo de nuestros colaboradores”, agregó”.

La situación agrava la proyección de este sector a futuro. El año pasado el gremio enfrentó a una caída del 16,5 % en la edificación de proyectos inmobiliarios privados, y de un 18 % de proyectos públicos. Las cifras tras el levantamiento de las medidas de restricción no están claras, pero no son positivas.

“Aún no podemos dar datos sobre la reducción del mercado, que está bastante afectado desde 2015. Lo que sí tenemos claro es que este año no tendremos utilidades, y muchas compañías tendrán pérdidas, y que, para reactivar el sector, tendremos que trabajar junto a otros organismos, como los bancos, para facilitar los créditos”, agregó Joan Proaño, vocero de Constructores Positivos.

El registro de la propiedad reinicia de manera virtual

El lunes, el Registro de la Propiedad del Puerto Principal retomó sus actividades a través de su portal web. Por el momento laboran a través de un sistema de inscripciones, que estará disponible para quienes deban la emisión de actas, contratos, entre otros servicios. Sin embargo, el pago de certificados y su entrega de manera electrónica estará habilitado  a partir del 1 de mayo. En Quito, el servicio inició la semana pasada.