El sistema de compra programada es una vía que está cobrando fuerza en el país para la adquisición de vehículos o    bienes inmuebles. No obstante, el mecanismo, que ofrece mayores facilidades en el pago de cuotas, está por entrar al radar de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), debido a la presencia de ciertos negocios informales.

El método, con presencia en Ecuador desde hace 40 años, opera a través de    la conformación de círculos de compra. De esa forma, se los adjudica por sorteo, anticipo de cuotas o entrega programada, dentro del plazo de financiamiento elegido por el cliente.

Es así que este mecanismo es útil para personas que desean tener estos bienes a mediano o largo plazo, explica Andrés Mortola, couch financiero. Esto debido a que en la compra programada no existen fechas concretas de adjudicación. “Es por eso que los vendedores de estas empresas no pueden dar fechas de entrega de los bienes”,    recalca Mauricio Peña, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Compra Programada (Aecop).

No obstante, esta característica del sistema se ha convertido en una de las principales causas de quejas. Si bien hay empresas que establecen todos los parámetros de compra    en un contrato, existen muchos clientes que al rato de la hora los desconocen. Según la Superintendencia de Compañías, los reclamos recibidos de este sector vienen de clientes que afirman que el vendedor le aseguró que el bien se le entregaría en una fecha determinada y esto no se cumple. Esto, aunque existan clientes que    aceptan que en el contrato que han firmado sí indica los procesos de adjudicación, y que están conscientes de eso, pero igual se sienten engañados.

A esto se suma la informalidad en el sector que da paso a estafas. Ana Lorena recuerda con tristeza el momento en que aceptó la compra programada para adquirir un auto en una empresa ubicada en Quito. Al inicio tenía dudas, pero investigó a la firma y vio que estaba registrada en la SCVS y que tenía todo en regla. Se animó a inscribirse y dio un pago inicial de 10.000 dólares, el resto lo iba a financiar con dicha compañía.

“Pagué mis cuotas mensuales y después de un año no tenía respuesta para la adjudicación”, cuenta. Cuando se acercó al consorcio, le dijeron que tenían nuevos dueños y no había registro de los pagos. Ella está en un proceso judicial para recuperar algo de su dinero. “A veces piensas que eso solo le pasa a gente sencilla, por ignorancia, pero no es así. Todos somos susceptibles a las estafas”, dice.

La SCVS dice estar realizando    inspecciones de control de oficio (de manera aleatoria) a compañías que se dedican a este tipo de actividad. Con base en ese monitoreo, también se han podido determinar conclusiones y recomendaciones para mejorar el control en ese sector empresarial. Es por eso que el ente está ya en la fase final del reglamento para el control de las compañías que realizan el servicio de venta con planes de compra programada y/o acumulativos, y actividades relacionadas.

Asimismo, se está normando para que estas compañías tengan un capital mínimo, un capital de trabajo y un patrimonio positivo, que garantice la protección del sistema de compra programada.

Para Peña es vital que se refuercen los procesos y mecanismos, para garantizar su funcionamiento y, sobre todo, para dar seguridad a los clientes en un mercado que viene creciendo en los últimos años, gracias a la confianza que han sembrado firmas serias como Chevyplan, Consorcio del Pichincha, Casaplan Motorplan S. A., Globalplan S. A. y Comprasigma S. A.

Peña sostiene que los    casos de irregularidad en este mercado se dan por la flexibilidad que existe para la constitución de estas empresas y a los laxos mecanismos de control.

Por ejemplo, la SCVS no tiene el dato de cuántas empresas en el país ofrecen este servicio. Esto porque las compañías dedicadas a la comercialización de vehículos, intermediación e inversión inmobiliaria, acorde al objeto social, pueden ofrecer libremente esta facilidad de pago.

Además, este tipo de empresas se pueden constituir como cualquier otra, incluso    como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Sin embargo, por la naturaleza de sus actividades, estas empresas son sujetos obligados al control de prevención de lavado de activos, recalca la SCVS.