La música tiene el poder universal de unir a las personas, pero en Ecuador deja en evidencia el descontento que se crea a la hora de reconocer un sistema que obliga a pagar por su difusión. El desconocimiento que aún existe sobre los derechos de autor, el supuesto secretismo con el que se fijan algunas tarifas y la nula transparencia sobre el destino final de estos recursos ponen bajo cuestionamiento la operatividad de cinco Sociedades de Gestión Colectiva que, juntas en el país, llegaron a tener ingresos por más de $ 8,7 millones en 2018.

Ese es el nombre que han recibido a escala mundial estas instituciones que, bajo personería jurídica, están facultadas para cobrar a propietarios de radios, hoteles, locales comerciales, bares, discotecas y demás establecimientos que, en teoría, se benefician de piezas musicales (nacionales o extranjeras) para rentabilizar su negocio. En Ecuador no ha sido la excepción; no obstante, este sistema de cobro, que empezó a tomar forma desde 1973 con el fin de garantizar regalías a compositores, productores y demás actores del entorno musical, suma cada vez más rechazo no solo por parte de quienes deben pagar estos derechos, sino de artistas que están inconformes con los recursos que reciben.

En el país, la más antigua es Sayce, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. En su orden, le siguen Soprofon, que representa a los productores de fonograma; Sarime, que agremia a los intérpretes y músicos ejecutantes; Egeda, que afilia a los productores audiovisuales; y Uniarte, que reúne a los autores y artistas audiovisuales. Todas operan sin fines de lucro, y de ahí surge la primera inquietud. ¿Por qué si no ganan nada existen tantas?

El problema parte por no tener claro qué tipo de derechos está cobrando cada sociedad, y de la percepción de los dueños de locales de que cada vez más entidades tocan sus puertas para “cobrar lo mismo” sin demostrar el destino final del dinero. Una impresión que viene generando resistencia de pago y que los ha obligado a buscar asesoría legal para enfrentar las tutelas administrativas que pesan en su contra por no haber cancelado.

Es el caso de una treintena de radios que, con ayuda jurídica, se han negado a reconocer a Soprofon, por la “falta de transparencia” de sus cobros que, para una radio, se señala, puede llegar a representar el desembolso de hasta $ 10.000 al año. Una cantidad que, explica Gissela Meza, gerente de Punto Rojo, puede restar liquidez y desestabilizar a cualquier emisora pequeña. “No existe una exactitud de cómo cobrar, simplemente te cobran por la programación y por el monto de las ventas. Eso sin importar si ese año tuviste pérdidas”, señala.

En la misma línea aparecen las críticas de los comerciantes y hoteleros que cuestionan la labor de Sayce y Egeda. Ambas, dicen, cobran tarifas por televisor instalado, asumiendo que por la sola presencia de un equipo, existe la potencial difusión y consumo musical.

La ley ampara esa presunción. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, se queja por la falta de un tarifario definido, por la nula socialización de estos y que pese a ello se cobre bajo “chantaje y secretismo”.

“Y no solo eso. Lo que más me preocupa es el cobro de tasas en cascada. Cuando un usuario prende su televisor, el hotel o el local comercial ya está contratando un servicio por cable o está usando la frecuencia de un canal de TV, pero Egeda ya cobra a la empresa de servicio por cable, ya le cobra al canal de TV, pero estos señores pretenden ganarle al canal, ganarle a la compañía de cable, al hotel, al comercio, a todos”, sostiene.

En el reclamo también se une la Asociación de Propietarios de Establecimientos Nocturnos (Apden), que cuestiona las tarifas altas que les grava Sayce. Aunque han accedido a convenios, dice Enrique Barreiro, presidente del gremio, los pagos siguen siendo altos. Un bar de tercera categoría, señala, debe pagar $ 165 por año, un costo que para ellos es excesivo si se compara con los impuestos anuales que deben cancelar a casi una decena de entidades estatales. “Lo más alto es la tasa a turismo, que es de $ 90”, precisa.

Este medio buscó tener una entrevista con directivos de Soprofon y Egeda para conocer detalles del proceso de cobro, pero pese a las semanas de espera el encuentro no logró concretarse. Con respecto a Sayce, este Diario logró hablar telefónicamente con David Checa, quien el mes pasado renunció al cargo de director general. Él rechazó que se califique al cobro que hacen como una tasa o que se lo compare con un impuesto, debido a que lo recaudado se distribuye entre personas particulares que, en el caso de Sayce, suman más de 2.500 socios nacionales y otros miles de extranjeros (este dato no fue precisado).

“En cada pieza musical, hay muchas personas que se involucran y ganan, pero el único que no cobra es el autor, el que escribió la canción que interpreta cualquier artista... Ahora decir que son tarifas altas, no lo son. Estamos hablando de $ 20 mensuales promedio, que no entiendo cómo eso afecta a un negocio (como un bar) que tiene a la música como parte de su negocio”, dijo

El Código de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios), expedido en el año 2016, establece que los tarifarios deben ser aprobados por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi). No obstante, explica Ramiro Rodríguez, director de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Senadi, ente que se encarga del control de estas sociedades, eso solo llegó a aplicarse con Uniarte, el último ente en crearse. “La ley no es retroactiva, los tarifarios de las primeras cuatro sociedades ya estaban aprobados” y ahí, dijo, “no se puede hacer mayor cosa”. Rodríguez, sin embargo, defendió los cobros que por ley realizan. Se lo hace, indicó, “observando criterios de racionalidad y proporcionalidad”, sueldos que, por derecho, deben recibir quienes están detrás de cualquier obra musical.

No obstante, son pocos los esfuerzos del Senadi y de las Sociedades por demostrar eso. La distribución de los pagos que se realizan localmente y hacia el exterior no se detalla en canales oficiales y no llega a sustentarse, envolviendo al sistema en una atmósfera de dudas y sospechas (Lea la entrevista con André Obiol, presidente de la Asociación de Hoteleros).

• PROCESOS EN MARCHA

LA FISCALÍA INVESTIGA DENUNCIAS DE COMPOSITORES

Este Diario intentó hablar con varios artistas agremiados a estas sociedades, pero en más de un caso evitaron hablar del tema. Quienes se animaron a hacerlo rehuyeron a responder si se sienten o no representados. “Son quienes están al mando y lo que nos ha tocado es aceptar”, dijo el compositor y cantante Máximo Escaleras, quien, sin embargo, admitió no estar satisfecho con las regalías que recibe de Sayce, Soprofon y Sarime, aun siendo “uno de los cantantes que más suenan a nivel nacional”.

Los que fueron más allá ha sido un grupo de 70 compositores que han apoyado denuncias en contra de Sayce. Quien los representa es el abogado Iván Durazno. Él, desde su estudio jurídico, impulsa seis procesos que actualmente, dice, ya están en indagación previa. Estos apuntan a los directivos de Sayce, por un supuesto mal manejo financiero de la entidad, y a los altos gastos que exceden el porcentaje legal, que es el 30 %. Antes de 2019, dice, se llegó al 44 %, lo que permitió que más de un directivo se beneficie de altos sueldos.

• NO HUBO RESPUESTA

EXPRESO empezó en enero a investigar este tema, pero en el camino se topó con el silencio de algunas sociedades de gestión y con la falta de datos.

Soprofon: Luis Jara, su director, fue contactado el 27 de enero, pero se excusó en vísperas de someterse a una cirugía de vesícula. Se le volvió a escribir 21 días después, pero no hubo respuesta.

Egeda: El 27 de febrero se contactó a Hilda Jiménez, su directora, pero pese a que ella se comprometió, no se logró concretar la entrevista.

• DATOS SOBRE ESTE SISTEMA

EL ORIGEN. La Gestión de Derechos surge en la época industrial (1800). En Francia, un grupo de autores se dieron cuenta del éxito que tenían las cafeterías por el ambiente que brindaban, debido a la música que se tocaba. Eso los llevó a reclamar por sus obras.

RECAUDACIÓN. A los autores de forma individual se les hacía muy difícil golpear las puertas para exigir un pago, por eso nacen las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor, para encargarse de recaudar y distribuir estos pagos, de forma local y externa.

EN EL PAÍS. La primera en nacer fue Sayce (1973), luego aparecieron Soprofon, que bajo convenio ayuda a Sarime en la recaudación, Egeda y Uniarte. La tecnología ayuda a monitorear el uso de la música, pero hay casos en los que la medición se complica.