La entrega indiscriminada de créditos entre los años 2014 y 2019, que halló la actual administración de la CFN, no solo deja en evidencia la forma antitécnica en la que se habrían entregado estos préstamos. Hoy se sabe que ese hecho, que forma parte de la trama de emisión de dinero (con requisitos y plazos laxos) que también se repitió en Banco del Pacífico y BanEcuador, está dejando un agujero de más de $ 481 millones en la banca pública. El 90 % de ese faltante está en manos de 99 grandes deudores, que están impagos y que son personas naturales o empresas que recibieron de $ 1 millón para arriba. En algunos casos hay quienes reportan pendientes de casi $ 50 millones.

Diario EXPRESO ha accedido a datos que ofrecen una radiografía de los créditos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) que, a juzgar por la dificultad de cobro, por los montos y por la recurrencia de casos, se entregaron sin las suficientes garantías. No ha salido a la luz aún cuáles fueron precisamente los respaldos presentados por personas naturales para beneficiarse del acceso a créditos por montos tan altos y que ahora suponen un quebradero de cabeza para la actual dirección, con Iván Andrade como presidente de CFN.

El agujero en las cuentas de la banca pública se generó en las tres anteriores administraciones, a lo largo de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Ninguna de las autoridades de esas etapas ha justificado hasta ahora cómo se analizó el perfil de los clientes o garantías presentadas.

Para recuperar estos más de $ 481 millones, la CFN ha iniciado 1.205 juicios coactivos, de los cuales $ 420 millones corresponden a ese centenar de operaciones que superan montos de $ 1 millón. Es decir, la mayoría de los créditos se fueron a grandes deudores y no a financiar pequeñas empresas. Con esto, “se empieza a entender la problemática en la que se metió a esta institución”, arranca Andrade, presidente de CFN. “Son millonarios préstamos a pocas personas, desvirtuando el propósito que debe tener un banco de desarrollo, que debe ser el atender a un mayor número de pequeños agricultores, comerciantes... ”, cuestiona.

Si estas personas o empresas deudoras que accedieron a créditos tan elevados lo hicieron como un cliente más o gozaron de influencias internas, es una respuesta que las directivas de ese momento aún tienen pendiente. Lo que este Diario pudo conocer es que de los 99 casos de préstamos que están en coactiva, 83 son de empresas y varias tienen investigaciones por tramas de corrupción como el caso Isspol o Las Torres. El resto, 16, son personas naturales.

Del total de operaciones, 57 que suman $ 272 millones fueron tramitadas desde las oficinas de Guayaquil, donde funciona la matriz de la entidad y que entre los años 2014 y 2019 tuvo a María Soledad Barrera, Santiago León y Juan Carlos Jácome como presidentes. De ellos, Barrera fue titular por un mayor lapso (desde el año 2014 al 2016). Hasta ahora, no ha respondido a las consultas de EXPRESO. León se excusó aludiendo al poco tiempo que estuvo al frente de la CFN (seis meses). Y Jácome ha preferido no pronunciarse “por no contar con información suficiente”. Dice desconocer si las operaciones corresponden a procesos del 2018 o 2019 (periodo en el que estuvo).

Si no se recuperan esos fondos adeudados, la banca pública tendrá que asumir el hueco. El proceso está en coactiva, que es la vía que el Código Monetario y Financiero habilita para que las entidades públicas recuperen su cartera, pero son sus normas internas las que definen cuándo recurrir a ella.

En este caso, dan cuenta del periplo de trámites. “Se trata de la última instancia de cobro, porque antes de esto la cartera ha transitado un tiempo de impagos, ha pasado por un proceso de mora ampliada, un proceso de cartera irrecuperable que puede implicar juicios; es ahí cuando se usa esta figura que incluye el congelamiento o toma de bienes que están reportados al nombre del prestatario”, explica David Castellanos, exintendente de la Superintendencia de Bancos.

Los $ 481 millones no son el único monto que debe rescatar la CFN. A eso, dice Andrade, hay que sumar casi $ 100 millones de préstamos castigados que hoy, por su pésima calificación, ya no son tomados en cuenta en sus balances. “Si yo le sumo eso a la cartera improductiva, son 520 millones en total que estamos tratando de cobrar de un total de $ 1.500 millones que tenemos de cartera”, sostiene. Es decir, un tercio de los créditos entregados son difícilmente cobrables.

Con ese panorama, la CFN_ha provisionado cerca de $ 600 millones para cubrir los huecos que dejan los impagos. Más recursos del Estado, que van a una banca pública con antecedentes de mal manejo. Con las coactivas se entiende que estas provisiones podrán ser recuperadas, pero Andrade admite que el camino es complejo.

Él estima que estos préstamos son de “difícil recuperación porque tenemos que entrar a un proceso legal y revisar si los bienes que sirven de garantía cubren la deuda, si estos no están caducando. Si yo tengo un tractor, hasta que se pueda embargar, venderlo, si estaba valorado en $ 20.000, hasta cuando pase todo este proceso de pronto me dan $ 10.000”. Por eso, defiende, es importante provisionar. Es la forma en que se puede y se debe ir cubriendo los impagos, según lo que duren los juicios. “Hay procesos que toman semanas, meses o años, en los que incluso intervienen terceros para presionar a que recibamos bienes que debilitan nuestra capacidad de recuperación”. De los 99 casos, ya hay ocho suspendidos porque el deudor interpuso alguna acción legal.

Pero esta gestión de cobros implica, no obstante, un gasto adicional y que la CFN siga comiéndose su patrimonio, que hasta diciembre de 2021 sumó $ 1.092 millones ($ 540 millones menos que el 2019), dinero que les pertenece a todos los ecuatorianos.

• PARA SABER MÁS 

GARANTÍAS. Las garantías recibidas suelen ser bienes raíces (por ejemplo terrenos, viviendas, terrenos en producción, edificios para hoteles), que se avalúan al tiempo de dar los créditos.

EVALUACIÓN. Se efectúan nuevos avalúos, normalmente cada dos años. El nuevo avalúo puede subir por revalorización del lugar donde estén esos bienes, o bajar por cambio de uso de suelo.

DEVALUACIÓN. Las garantías de bienes muebles (como maquinaria y equipos) bajan su valor por el uso y consumo de los mismos. La CFN no tiene un indicador sobre esta cobertura.