En tiempos de escasez de recursos, el Estado ha centrado todos sus esfuerzos en estar al día en el pago de la deuda externa; no obstante, el tratamiento que ha dado a sus cuentas internas ha sido otro: los atrasos han servido al Gobierno como herramienta para ayudar a generar liquidez, pero con consecuencias que aún se desconocen.

Con la estrategia empleada afuera, el país evita caer en default y con ello se garantiza el acceso a nuevos créditos internacionales; pero adentro, el impago de deudas con naturaleza social sigue creciendo bajo el riesgo de afectar directamente a los ciudadanos. Los atrasos como un medio de financiación, dice Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, no son un método distinto al que han aplicado todos los gobiernos. La diferencia, añade, es que hoy se está frente a una pandemia que empieza a afectar a los sectores más críticos. Por ello, saldar estos haberes también debería ser una prioridad.

A partir de este mes, explica Ortiz, el Gobierno ha empezado a incluir en sus cuentas de transparencia las cifras devengadas; es decir, los gastos incurridos pero que todavía no han sido cancelados. Hasta mayo ese rubro alcanzó los $ 8.147 millones, de los cuales $ 2.181 millones están en mora en lo que se refiere al pago de personal, intereses, inversión y capital, y gastos corrientes.

Este último ítem es el más alto. Allí están los gastos corrientes que incluyen pendientes como los que se direccionan a la Seguridad Social, como el 40 % de las aportaciones que el Estado realiza para garantizar el pago de las jubilaciones.

Este vencimiento ha empezado a preocupar ya a los administradores del Banco del Instituto de la Seguridad Social (Biess). El pasado 19 de mayo su gerente, Vinicio Troncoso, envió un oficio al Gobierno sugiriendo la ruta de transformación que permitirá a la entidad asegurar su sostenibilidad en los próximos años. Una de las propuestas más urgentes es retomar el cobro de los aportes a partir de agosto. La propuesta, dice Troncoso, es que desde ese mes hasta diciembre se empiecen a pagar $ 145 millones que se requieren y que forman parte de una deuda total que, según cálculos del Biess, viene acumulando $ 1.336 millones desde octubre del año pasado. “Entendemos que estamos viviendo una crisis y que no hay plata en la caja fiscal. Por ello proponemos que se cuantifique la deuda y que nos den bonos. Y el resto, desde agosto, se comience a pagar en efectivo”.

La amenaza de caer en iliquidez ya fue advertida por Troncoso en una entrevista que EXPRESO publicó el pasado 17 de mayo. La tendencia de ingresos del banco, durante la pandemia, indica que ya en el octavo mes del año el efectivo se habrá agotado. De no empezar a recibir los recursos estatales, dice, será difícil seguir facilitando créditos hipotecarios y quirografarios para fomentar la reactivación productiva. Para pagar las pensiones y al sistema de salud, existiría la alternativa de desinvertir algunos activos y hacerlos líquidos, una opción que no recomienda “porque esos activos están para que rindan 20, 30 años y cubrir así la jubilación de los actuales afiliados”. Sería ganar liquidez, pero seguir agravando la solidez del sistema, explica Troncoso, quien confirmó que hasta ayer no ha recibido ninguna respuesta oficial del Gobierno sobre la propuesta que plantea.

Pero no es el único haber que pesa sobre las cuentas fiscales. También está el pago pendiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El pasado sábado el Ministerio de Finanzas reconoció que a mayo de 2020 se adeuda a los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales $ 356,2 millones en transferencias, por el modelo de equidad territorial que se aplica de acuerdo con el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Ese rubro, dijo el ministro Richard Martínez, se irá cancelando a partir de este mes, cuando el país reciba recursos de parte de organismos multilaterales y se reanuden las actividades internas.

Los retrasos que ahora se observan eran de esperarse, menciona Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. Lo que la pandemia ha hecho es acentuar la crisis estatal que ya venía siendo alimentada por problemas estructurales: gran tamaño y gasto del sector público, la alta deuda externa, la descapitalización que ya venía teniendo la seguridad social, entre otras cosas. “El virus lo que ha hecho es decirle al Ecuador: ‘Vea, ustedes, de aquí en adelante, no tienen que gastar más de lo que tienen, deben producir para poder sostener al sector público, exportar más, atraer inversión. Y en el caso de la seguridad social, someterla a un cambio radical’. Es reinventar al Ecuador, sobre la base de que hoy todos somos más pobres”, sostiene Carrera.

• EN JUNIO EMPEZARÍAN ALGUNOS PAGOS

Este Diario consultó ayer al Ministerio de Finanzas sobre el monto adeudado y el cronograma de pagos, pero aún espera respuesta. Lo que se conoce hasta ahora es que este mes empezará a cancelarse a los GAD´s. Ayer, 2 de junio, durante una entrevista televisada, el ministro Martínez adelantó que en las próximas semanas se anunciará cómo se atenderá la deuda con el IESS. Desde el Biess se espera que ese pronunciamiento los incluya. Esperan que la propuesta se concrete, pues les preocupa la iliquidez que podrían tener en los próximos meses. Solo en marzo y abril, 153.000 personas se desafiliaron.