El Estado ecuatoriano prevé un incremento del 46 por ciento en la entrega de subsidios para el próximo año. Según la proforma del 2023 que el Gobierno remitió a la Asamblea Nacional con la promesa de ejecutar un mayor gasto social, las subvenciones pasarían de los $ 5.123 millones a los $ 7.463 millones, en un solo año.

Del valor total, el Gobierno estima destinar $ 3.109 millones a los tres sistemas de seguridad social que hay en el país. Eso significa casi la mitad (un 42 %) de todos los subsidios que se tiene previsto desembolsar.

La mayor parte de ese monto, $ 2.354 millones, está presupuestada para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); 529 millones para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y $ 225 millones para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, reconoce el esfuerzo que el Gobierno está haciendo para cubrir los compromisos que la ley exige. “Anteriormente esto se cumplía a medias, ahora vemos que se está cumpliendo con el 40 % del aporte estatal que la ley exige en el pago de pensiones”, analiza.

En el presupuesto del próximo año, el régimen también prevé un rubro importante para sostener el subsidio a los combustibles. Para este segmento se ha calculado una ayuda de $ 2.667 millones, por encima de los $ 1.328 millones establecidos para este año. El monto, que casi se ha duplicado, responde, según Santiago Mosquera, analista económico, “al costo que el Gobierno lamentablemente está dispuesto a hacer con el fin de garantizar cierta estabilidad social, considerando que es uno de los elementos más delicados, en la negociación con los sectores indígenas”.

El incremento, dice el analista, está pensando ante una inminente alza del precio del crudo, pero este es un valor que bien podría descender cuando empiece a regir la focalización de subsidios que aún está en análisis. “Eso aún no está claro, el Gobierno no ha dicho en qué momento esto se aplicará. Lo que asumo es que esto se calcula según la situación actual: un precio de petróleo y derivados elevado. Ahora, si la focalización se da en el primer trimestre del próximo año, yo diría que esa cifra podría caer de forma sustancial”.

Según la Proforma, otros recursos estarán dirigidos a desarrollo social (que implica bonos, pensiones, incentivos), con una proyección de $ 1.587 millones; y a desarrollo agrícola, con $ 50,9 millones, $ 39 millones más que este año.

Yumibanda aún dice estar revisando detalles del documento, pero la preocupación que hasta el momento le salta es cómo se espera cubrir estas subvenciones. “Lo que estoy viendo es que el Gobierno prácticamente está descansando toda su política social en los ingresos del crudo. Pero imaginemos qué pasaría si el precio llega a caer (más allá de lo previsto) el próximo año. Podríamos tener problemas con la proforma”.

Si se toma en cuenta el tamaño de la economía proyectada para el próximo año (122.369 millones de dólares), dice Mosquera, los subsidios representarían un poco más del 6 por ciento del PIB. ¿Qué tan sostenible sigue siendo que el Estado entregue estas ayudas? El analista cree que estos montos pueden bajar conforme exista una mejora económica. No obstante, cree que hay rubros no negociables, como la seguridad social o aquellos bonos que van a la población más vulnerable, para los cuales el país deberá seguir haciendo un esfuerzo. Pero para hacer esto sostenible, dice, "se debe buscar eficiencia en el gasto corriente y también mejorar los ingresos corrientes. Sobre los ingresos del crudo no tenemos control, pero sí de los impuestos. Y para tener más recursos se debe trabajar  más en reducir los márgenes de evasión”.

• EL PETRÓLEO. 

En el ámbito petrolero, se prevén ingresos acordes a un incremento en el volumen de la producción fiscalizada de crudo. En términos monetarios, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) se proyecta para el año 2023 a un precio promedio de 64,84 dólares por barril.