La proforma 2023, que fue remitida el pasado lunes a la Asamblea, es para algunos analistas, una proyección económica optimista en medio de un panorama que, para el próximo año, se avizora incierto. Según se estima, el país deberá cubrir $ 7.577 millones de necesidades de financiamiento, de los cuales $ 3.732 millones vendrían del mercado externo (multilaterales) y  $ 3.844 millones con la emisión de bonos en el mercado interno.

Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, muestra recelo de las cifras, no solo por la alta expectativa que el Gobierno tendría de apalancar más del 50 % de su financiamiento dentro del país: “La pregunta es ¿Quién va a comprarle bonos al Estado? Una opción sería que los 2.300 millones presupuestados para el IESS se den con la entrega de bonos, en lugar de plata, pero el Seguro Social no quiere bonos”. Él teme además que los recursos que urgen sean más altos de lo estimado. Esto porque las proyecciones de ingresos, a su parecer, también son halagüeñas en un contexto global que en el 2023, los mismos organismos internacionales, han augurado como recesivo.

“Para el próximo año tendremos una serie de gastos que se aumentan, aun sin estar financiados, porque en la parte de ingresos existe mucha incertidumbre”, señala. No solo cuestiona la alta previsión de recaudación de tributos (16.000 millones), sino la facturación que se prevé por el petróleo, aun cuando las condiciones han cambiado. “Por este ingreso se esperan 3.300 millones, algo parecido a lo que se va a recibir en 2022, pero este año hemos tenido un precio promedio de 90 dólares, por encima de los $ 65 presupuestados el año que viene. Ahí hay incoherencias”, dice Carrera. A ello, agrega, también están los más de $ 1.039 millones que el Gobierno espera recibir por la monetización de activos, una venta de bienes que tampoco tiene indicios de estar garantizada. Son recursos que penden de si venden o no bienes como la hidroeléctrica Sopladora, Terminal Monteverde o, como ha dicho el mismo Gobierno, el Banco del Pacífico. “Ante las presiones de un Gobierno secuestrado por los indígenas, la irracionalidad de políticos, lo que creo es que se han visto obligados a presentar un presupuesto con muchos vacíos”.

Fausto Ortiz, exministro de Economía, coincide con ciertas dudas de Carrera, como el tema de venta de activos, pero en general, cree que las metas del Gobierno (como la de mejorar sus ingresos de crudo elevando su producción) no dejan de ser interesantes. “Ojalá puedan pasar del optimismo a lo factible”. 

Cuando uno mira los niveles de financiamiento que como país hemos tenido que enfrentar, $ 7. 500 millones para el próximo año es uno de los más bajos y en ese sentido, sostiene Ortiz, no cree que vaya a ser tan complicado. “Buena parte de eso es para pagar deuda, y por lo tanto son renovaciones y creo que sí hay espacio para hacerlo con deuda interna, con deuda externa”.

Lo que realmente le preocupa, recalca, es que la proforma muestre a un Estado que no puede ser un actor relevante para la recuperación de la economía. “Es un Gobierno que se queda completando la nómina, pagando subsidios, no puede empujar el crecimiento y requiere que alguien más sea el motor, en un entorno global de preocupación... la falta de atender mayor obra pública (solo se presupuestó $ 1.800 millones, solo $ 1 millón más) podría hacer que se complique la actividad económica”.

Para Andrés Albuja, miembro del Foro de Economía y Finanzas, esta proforma recorta lo más clave, pero evidencia la incapacidad del Gobierno de mostrar eficiencias en temas del gasto público. Si bien este rubro el próximo año tendrá un incremento, por orden constitucional de elevar la pago de los maestros, Finanzas pudo ajustar otros rubros. “Este Gobierno ya va año y medio en funciones y de eso no vemos nada. El gasto público de sueldos y salarios representa aproximadamente el 9 % del PIB, cuando la media de América Latina es del 5 %. Así, vemos que tenemos mucho gasto público, y a la vez crisis en el sector social, porque no hay verdadera inversión social. En los $ 15.000 millones que dicen destinarán el próximo año para inversión social, está incluido gasto corriente, sueldos y salarios y gastos administrativos”. 

En eso concuerda Carrera. El tema de fondo, dice, es que el Ecuador no entiende que cada dólar de gasto, debe financiarlo la sociedad, ya sea a través de impuestos, petróleo o déficit, que significa deuda. “Cuando el Ecuador no puede financiar todo esto, la consecuencia es más pobreza; cuando no crece el país, hay menos trabajo. Todo lo paga la sociedad”.

• MÁS DE $ 7.000 MILLONES EN SUBSIDIOS

La proforma para el próximo año considera entregar $ 4.795 millones en bonos, pensiones, subvenciones, incentivos y ayudas sociales. Adicional a ello, ha proyectado $ 2.667 millones para cubrir parte del costo de combustibles. Si se suman ambos rubros significa que el país estaría destinando un total de $ 7.463 millones en subsidios. Esto es el          6,10 % del PIB.

Esa cantidad significa un desembolso adicional de $ 2.340 millones si se lo compara con los subsidios del año pasado.

es la previsión de crecimiento para el país en el 2023, por encima del promedio regional.

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