El SRI, el fantasma comúnmente temido por su cacería en el cobro de impuestos, se enfrenta a un grupo de 500 contribuyentes a los que, ni con orden legal, ha podido tocar. Son empresas y personas naturales que, hasta este mes, están dejando un vacío en las arcas fiscales por $ 1.535 millones. Según especialistas en el tema, fallas en la administración y la flexibilidad en ciertas normas estarían abonando a la ineficiencia de recaudación.

El dato parece frío, pero no lo es si se dice que dicho monto equivale al 10 % de un año de recaudación tributaria o si se habla que es el dinero que serviría para construir 20 hospitales. De acuerdo con las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), los haberes corresponden a contribuyentes del sector privado y es Guayas la provincia con mayor índice de pendientes con $ 700,8 millones; es decir, el 46 % del total. En el primer lugar del ranking está Frutera Jambelí, con $ 48,1 millones pendientes. Le siguen Bonanza Fruit ($ 41,4 millones)y Perenco Ecuador ($ 35 millones). Según el portal de la Superintendencia de Compañías, estas sociedades están en estado de disolución, liquidación o cancelación de permiso. EXPRESO intentó contactar a los representantes legales de estas, a través de números y correos electrónicos registrados en la entidad, pero no hubo respuesta.

En abril de este año, Marisol Andrade, la directora del SRI, habló de las dificultades de cobros que tienen, pues el 70 % de los valores ha sido catalogado como de difícil recaudo. No obstante, dijo, hace lo posible para lograr el pago. Estas deudas, en promedio, se originaron hace cuatro años y más pero, en la lista también existen procesos de más de una década que, por su condición (algunas empresas están liquidadas como casinos o banca cerrada) son de “difícil recaudo o incobrables”. En nómina aparecen firmas como Ícaro y Perenco que quebraron, ya no están en el país o están en proceso de cierre.

Sobre estas compañías, dice, ya se están ejecutando acciones coactivas y medidas precautelares, una gestión que, de enero hasta mayo de este año, permitió recuperar $ 384 millones.

En un contexto de dificultades en la caja fiscal, la falta de pago es un tema preocupante dice el analista tributario Napoleón Santamaría, pues no se trata del único grupo de deudas dentro de la cartera del SRI. A esos $ 1.500 millones que ya tienen una orden judicial de cobro, dice, hay que sumarle otros $ 4.500 millones, que aún están sometidos a litigios o reclamos administrativos, y por los que hay que velar para que en un futuro no entren al grupo de las incobrables.

Al consultor y analista económico, Christian Idrovo, le sorprende la antigüedad de estas deudas. La pregunta de cajón, señala, es por qué el ente dejó pasar tanto tiempo. Para él ha existido negligencia. “Si hay deudas en firme por cobrar y están depuradas, lo que tengo que hacer es ejecutar”. En esto último coincide Santamaría. Cerrado el año fiscal, dice, al año siguiente deberían hacer un acto de determinación y no demorarse tanto. ¿Qué es lo que sucede? “Que una vez que dejan de pagar, el Estado puede determinar hasta 3 años más tarde, pero en ese lapso las empresas pueden quedar desbaratadas patrimonialmente o pueden ser desmanteladas de sus activos, de forma intencional. Mientras van al reclamo, son 4 años, mientras van al juicio son 5, 6 años y más”.

La última reforma que el Gobierno actual aplicó a la norma de coactiva (que permite acceder a los bienes como garantía de pago) es otra de las causas que los analistas anotan como trabas para concretar el cobro a los deudores, pues en la reforma se eliminó toda responsabilidad de pago a los socios, en caso de que una compañía no pueda asumir sus obligaciones.

No obstante, Santamaría hace hincapié en las facultades legales que el ente recaudador tiene para aplicar la figura de insolvencia sobre los gerentes generales; una figura que, afirma, poco se aplica. Si se aplicaría esta persona se quedaría como un apátrida, como alguien que no puede tener cuentas bancarias, cuentas de ahorro. Ante eso, ¿qué es lo que buscaría para rehabilitarse? Quizá llegar a un acuerdo”.

Los expertos se preguntan si el SRI cuenta con el personal suficiente para fiscalizar, para iniciar juicios, ganarlos e iniciar los cobros. O simplemente, intuyen, ha existido una inacción por parte de las autoridades.

El año pasado, el SRI recaudó $ 14.268 millones en impuestos. Para este año esperaba alcanzar una cifra similar, pero se trata de una aspiración truncada por los efectos económicos que hasta ahora deja la pandemia. Un escenario crítico en el que, en más de una ocasión, ha revivido la propuesta de una posible alza de tributos para sostener los ingresos que por esta vía tiene el Estado.

Una propuesta que algunos ven injusta cuando se observa el alto índice de evasión que ya existe en Ecuador (según Cepal al año se evade $ 6.500 millones en tributos). Los próximos Gobiernos no necesitan cobrar más, sino gestionar mejor, dicen los analistas. Con esto los problemas de deudas y desfinanciamiento serían menores.

• EL 80 % DE LOS CONTRIBUYENTES EN MORA SON EMPRESAS 

De acuerdo con estadísticas del SRI, de los $ 1.535 millones calificados como deudas de difícil recaudación, el 80 % se atribuye a personas jurídicas o empresas. Esto alcanza un monto impago de $ 1.240’277,338. Lo restante pertenece a personas naturales.

Este grupo de deudores, sostiene el ente tributario, está domiciliado en su mayoría en Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Azuay.

Según el SRI, las actividades económicas principales del ranking de los 500 contribuyentes deudores se concentran en 196 de ellas, “por lo que se puede deducir que los sectores de estas empresas y personas mantienen una dispersión marcada”.

No obstante, destaca que entre las más recurrentes están las actividades de diseño, de ingeniería y consultoría de ingeniería; la venta al por mayor de productos diversos para el consumidor y los negocios relacionados al sector de la construcción.