Dos juezas de la Corte se declaran en resistencia
La evaluación oral de jueces inicia hoy en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Dos juezas de la Corte Nacional de Justicia se declararon en resistencia y no acudirán a la evaluación oral de jueces que inicia hoy en el Complejo Judicial Norte de Quito.
María del Carmen Espinoza y la presidenta subrogante de la Corte María Rosa Merchán en una carta dirigida al Consejo de la Judicatura hacen una larga exposición jurídica de sus motivos.
Citan el artículo 98 de la Constitución que ampara el derecho a la resistencia. Cuestionan el manejo del proceso de evaluación, “con improvisaciones a la medida de las necesidades del Consejo del Judicatura, vulnera el derecho a la seguridad jurídica”.
Dicen “nos resistimos además, porque esta fase de la evaluación al involucrar en el examen de nuestras habilidades oratorias (propias de un político o un académico) una sentencia ejecutoriada, de ponencia del evaluado, desconoce que aquella es el resultado de una construcción colectiva de un tribunal, y que el ponente no es más que el redactor de un proyecto, que sin la deliberación y la inclusión de los puntos de vista de los otros jueces, jamás pudo ser una sentencia”.
Califican que esta que se trata de absoluta subjetividad, sin la notificación previa de la puntuación obtenida en las fases anteriores, lleva implícito el riesgo a actuaciones que generan duda respecto a la transparencia del proceso, y un margen que permite un manejo discrecional en los resultados.
Añaden: “al Consejo de la Judicatura, ratificamos nuestra negativa debidamente fundamentada a someternos a la denominada fase de “evaluación oral de competencias”, que dicen es ajena a la evaluación de desempeño prevista en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial para los jueces de carrera, no para los jueces de periodo fijo como los de la Corte Nacional.
Ratifican que someterse al vaivén de este proceso pone en entredicho la autonomía e independencia de la administración de justicia, vuelve a los a jueces vulnerables a cualquier injerencia, y lesiona su dignidad.
Finalizan que “si nuestra resistencia motiva la conclusión anticipada del periodo que por disposición constitucional nos corresponde, bienvenida sea, nos iremos con la certeza de haber puesto lo mejor de nosotras al servicio de los intereses de la justicia”.
