Jaime Antonio Rumbea | ¿A quién representa, en verdad, un representante?

En el Ecuador contemporáneo la política se ha convertido en una disputa por la porción más grande de una torta intangible: la representatividad popular.

Presidente, alcaldes de ciudades gravitantes, bloques de oposición en la Asamblea, órganos de control e incluso actores extra-sistema reclaman hablar “en nombre de”.

Pero, ¿con qué mandato, con qué margen y bajo qué límites?

David Mnookin, en Negotiating on Behalf of Others, recoge casos de abogados, diplomáticos y negociadores para mostrar que la representación no es identidad perfecta entre representante y representado, entre principal y agente.

El agente opera bajo una tensión permanente: debe ser fiel al principal, pero también interpretar, adaptar y, a veces, liderar para explorar alternativas.

Demasiada autonomía erosiona legitimidad; demasiada rigidez paraliza la creación de valor.

Llevada a nuestra escena pública, la matriz es reveladora.

El presidente invoca el mandato directo de las urnas para ensanchar su margen de maniobra.

Alcaldes metropolitanos reinterpretan la voluntad local para proyectarse como contrapesos nacionales.

La oposición legislativa oscila entre representar a sus votantes o capitalizar el desgaste del Ejecutivo.

Las otras funciones del Estado reclaman neutralidad técnica, aunque su origen y designación son políticos.

Fuera del sistema, actores sociales disputan la narrativa misma de quién encarna ‘al pueblo’.

En el fondo, la política no disputa solo decisiones: disputa la titularidad simbólica, la representación de la voluntad popular.

Cuando se debilitan los mecanismos de rendición de cuentas, algo propio de los asuntos complejos, los agentes empiezan a negociar en nombre propio. Es casi inevitable en general, pero en política es fatal.

Y los pueblos rara vez castigan la ideología; castigan la sensación de traición al mandato. Allí y así comenzó, más de una vez, la caída de imperios y revoluciones.