Disfuncionalidad

El Ministerio de Finanzas, el IESS y la Contraloría están envueltos en un embrollo que pone de manifiesto la disfuncionalidad operativa del Estado ecuatoriano. En este caso, la historia comienza más de cincuenta años atrás cuando, a cambio de un préstamo del IESS al Gobierno para financiar la infraestructura del XI Conferencia Interamericana (que nunca se llevó a cabo), el gobierno de la época se comprometió a pagar el 40 % del régimen de pensiones y salud.

Fue una deuda que nunca se pagó. Que siempre se consolidó, y se reprogramó a lo largo de todos y cada uno de los gobiernos que se sucedieron en el poder. A principios de la administración del economista Correa se hicieron pagos que, a la postre, resultaron ser simbólicos pues, ni bien efectuados, el Gobierno procedió a escalar sus obligaciones con la seguridad social, teniendo a la entidad como cliente cautivo de sus bonos y papeles. Eventualmente, dentro del mercurial manejo de las finanzas públicas de los últimos años, el Gobierno decidió unilateralmente dejar de pagar las obligaciones, y los directivos del IESS, dependientes del Ejecutivo, dieron de baja deudas que sobrepasan en registro los $2.500 millones.

En teoría, el IESS es de propiedad de sus afiliados. En la práctica, la contabilidad nacional lo registra como parte integrante del sector público, y se lo maneja como una dependencia del Ejecutivo. Entre principios de 2007 y finales de 2015, los ingresos del IESS (registrados por el Banco Central dentro de las operaciones del sector público no financiero) sumaron $31.537 millones, o más de 5 veces mayor a los ingresos del período 2000 – 2006. Cual oportunista, el Gobierno presentó el desarrollo de la seguridad social como uno de sus logros. El otro lado de la medalla es que, al no existir rendición de cuentas (que no sean los eventos con payasos y mariachis) existe un total desconocimiento de los usos de ese apreciable botín.

¿O se trata acaso de otro espejismo en que las partes fingen pagar y cobrar? En ausencia de la rigurosidad contable que las autoridades sí demandan de los actores privados, la discusión presente es la repetición de un rollo que, por trillado, no causa sorpresa sino aburrimiento.