Un discurso que no coincide con los actos. Mientras las principales autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) insisten en que las elecciones generales de 2021 tienen fechas definidas e inalterables sus decisiones hacen pensar que sucederá todo lo contrario.

La aprobación, la noche del martes, de la resolución para demandar ante la Corte Constitucional un supuesto conflicto de competencias con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la inscripción de candidaturas de Justicia Social, en lugar de abonar certezas aumentó la incertidumbre sobre la papeleta definitiva de candidatos a la Presidencia.

Para el analista político y académico Arturo Moscoso es evidente que el propio CNE ha actuado de tal forma que ha llevado a los límites los plazos electorales y esto se ha visto abonado por las resoluciones de los jueces electorales. Sin embargo, considera que sería aventurado pensar en las razones que justifican esta actitud.

“Lo que sí está claro es lo mal preparados que están los funcionarios del CNE y especialmente aquellos que forman la mayoría. El problema no es menor y en un escenario extremo una resolución de la Corte Constitucional podría echar tierra sobre las elecciones si llegan a la conclusión de que se han violado derechos de los candidatos”, señaló Moscoso.

Ayer aparecieron los primeros indicios de que las fechas para el sufragio no estarían escritas en piedra. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, que fue uno de los que votó a favor de demandar el conflicto de competencias, reconoció que se podría aplazar una o dos semanas, en una situación extrema, la primera vuelta que está prevista para el 7 de febrero. No así el balotaje del 11 de abril.

Según el funcionario, en el escenario más pesimista, el CNE pensaba tener definidas todas las candidaturas a finales de este mes, pero si se aplica la disposición del 8 de diciembre del TCE sobre Justicia Social se requerirían no menos de 53 días, entre apelaciones e impugnaciones, coincidiendo el final de ese proceso con el día programado para la primera vuelta. Con ese panorama “o no hay elecciones o hay que cambiar las fechas. Hoy en día el proceso prácticamente está afectado”, señaló Pita.

Para la directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, la Función Electoral se ha encargado de poner “en vilo” las fechas de este proceso. “Estamos bastante tarde y más aún acudiendo a la Corte Constitucional en donde habrá que tener en cuenta los tiempos procesales que se toma esta instancia para resolver los temas”.

Ambos analistas coinciden en que la situación por la que atraviesan los comicios generales son el resultado de las pugnas internas que se vivieron al interior del CNE desde el inicio de su gestión, que no han logrado ser zanjados y, más bien, se han ido profundizando en los últimos meses.

Los candidatos opinan

Guillermo Lasso

Presidenciable de CREO-PSC

“A quien compete pronunciarse sobre cuestiones electorales es a las autoridades electorales. Son ellos los que deberían hacerlo. Yo estoy dedicado a recorrer el país, como lo he venido haciendo en los últimos 10 años, para escuchar a los ecuatorianos y presentarles soluciones reales a los problemas reales’’.

Xavier Hervas

Presidenciable de la ID

“Es hora de dignificar la política, las decisiones tienen que estar basadas en derecho y no en favoritismos. Exigimos una pronunciación sin más dilatorias permitiendo participar según sentencia de TCE... Con estas muestras de obstrucción del CNE tenemos serias preocupaciones de que las elecciones sean transparentes”.

Pedro Freile

Presidenciable de AMIGO

“Es indignante que por formalismos se pueda mover una fecha y no por humanidad. Hace un mes propusimos, por la amenaza del COVID-19, una postergación de las elecciones por al menos seis meses. El comentario del consejero (Enrique) Pita abre la posibilidad, por formalismo y no por humanidad”.

Juan Pablo Hidalgo

A la Asamblea por CREO

“Tenemos como resultado que el TCE y el CNE están en una encrucijada. Lo que uno espera como ciudadano y candidato es que se resuelva de una manera técnica - jurídica y que no afecta la contienda. No puede ser que un movimiento (Justicia Social) tenga estos beneficios que no los han tenido otros partidos”.

Susana Santistevan

A la Asamblea por SUMA

“Pasa lo mismo de siempre: se están repartiendo el país. Lo hacen desde las instituciones que están secuestradas. Deben mantener su independencia, ahora por no acatarse unos a otros le van a mandar a la Corte Constitucional la decisión. ¿La Corte es competente para dirimir esto? Lo que hacen es ganar tiempo”.

Martha Macías

A la Asamblea por Podemos

“Esto crea una gran incertidumbre en el país. Se ve la poca credibilidad en la selección de candidato mientras los postulantes y ciudadanos estamos en un estado de vulnerabilidad. La democracia está siendo vulnerada... El CNE está dejando mucho que desear. No nos da la certeza que las elecciones serán transparentes”.

Jonathan Parra

A la Asamblea por Alianza PAIS

“Más allá de los intereses o pugnas debe protegerse la democracia, es decir, la voluntad del pueblo y no la de unos cuantos. La fecha de posesión de las autoridades debe respetarse porque así lo ordena la Constitución. Que la Corte Constitucional resuelva lo que cabe jurídicamente, eso sí, respetando los derechos”.