La discriminacion que se suma a la detencion

‘Lady’ es una joven colombiana que decidió viajar a Ecuador y quedarse por unos años. Compartía su departamento con una amiga de la misma nacionalidad y nunca había lidiado con algún tipo de problema que involucrara su procedencia, edad o género.

Sin embargo, la situación cambió en 2009. El novio de su amiga fue asesinado y encontrado por la policía en el baúl de un carro abandonado. Agentes del desaparecido Grupo de Apoyo Operacional (GAO) llegaron al día siguiente al departamento y les pidieron que los acompañen para que dieran su versión de los hechos. Desde entonces empezó su calvario.

“Fue terrible la forma en que nos trataron, fue terrible cómo se expresaron de nosotras. Desde el momento en que nos montaron en el carro empezaron a golpearnos y, de hecho, nos tildaron de culpables en ese mismo instante. Esa gente no tenía ni idea de quiénes éramos. No habían hecho ninguna investigación para dar una conjetura como esa”, contó ‘Lady’.

En menos de un año, la joven extranjera fue sentenciada a 26 años de cárcel por el delito de asesinato, en medio de múltiples vulneraciones a sus derechos constitucionales.

Su testimonio es parte de una investigación realizada por la periodista Andrea Romo Pérez como parte de su doctorado en una universidad de Alemania. Un análisis que contó -según Romo- con el respaldo de los ministerios de Justicia e Interior.

El estudio tiene dos tipos de fuentes. La primera, el análisis de más de 5.000 expedientes de mujeres privadas de libertad que están recluidas en los tres Centros de Rehabilitación Social con mayor población femenina (Guayas, Cotopaxi y Latacunga). Y la segunda, testimonios orales de 50 mujeres que fueron detenidas en el período de estudio, así como 50 policías.

El análisis de los datos es en base a un enfoque interseccional que propone que todas nuestras características como: el género, la clase social, nacionalidad, edad, nos otorgan un estatus particular dentro de la amplia estructura social.

De ahí que los resultados arrojan que la mayoría de mujeres sufrió algún tipo de discriminación cuando se enfrentó al sistema de justicia, ya sea por parte de la Policía, la Fiscalía o los funcionarios judiciales.

Según la investigación, 44 de las 50 mujeres entrevistadas afirmaron que los policías sintieron una “necesidad de castigarlas” de diferentes formas si habían sido detenidas por un delito violento como asesinato, si no cumplían con sus expectativas de género o si eran costeñas o afrodescendientes.

Romo afirma que la falta de capacitaciones sobre derechos humanos hacia funcionarios de estas áreas influía en los prejuicios e imaginarios sociales y que por consecuencia provocaba discriminación y violencia hacia las mujeres detenidas.