La búsqueda de un empleo es una tarea cansada y difícil en el país, pero para las mujeres con algún tipo de discapacidad es más complicado aún. Para ellas, además de las brechas que sufren como mujeres, su condición física o mental agrava la discriminación.

A pesar que la Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 47, obliga la inclusión laboral de al menos un 4% de personas con discapacidad en las nóminas de las empresas, la norma carece de mecanismos que garanticen la paridad de género como sí lo hace, por ejemplo, el Código de la Democracia con los candidatos.

La estadística muestra esta realidad. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), en el país hay 68.901 personas con discapacidad laboralmente activas, incluyendo a los sustitutos. De ellas, 24.472 (35,52%) son mujeres con un empleo formal, mientras que 44.429 (64,48%) corresponde a hombres. Es decir, una brecha de casi 30 puntos.

Karina Molina es una de las mujeres con discapacidad que ha sufrido rechazo. Ella tiene una discapacidad visual y es licenciada en Ciencias de la Educación. En su búsqueda de empleo recorrió varias empresas privadas, sin embargo, cuenta que la discriminación no se hizo esperar. “Solamente querían nuestro carné (de discapacidad)”, comenta Karina, mientras recuerda una entrevista laboral que tuvo en una empresa de seguridad.

“Dijeron que nos iban a ubicar. Pasaron las semanas, estábamos asegurados, pero no habíamos trabajado nada. Solo nos utilizaron”, señala Karina y añade que esa experiencia la vivió con un grupo de compañeras con baja visión.

Asimismo, indica que en una distribuidora de medicamentos, donde también aplicó, “no vieron mis capacidades ni me hicieron pruebas”, y solo la querían para ocupar un puesto de limpieza. “No hay otra labor en que nos quieran o piensen que nosotras podamos hacer”, puntualiza Karina.

Por otro lado, Glenda Velasteguí, con epilepsia y titulada como productora audiovisual y teóloga, cuenta que su condición le ha cerrado muchas puertas. “He tenido mucho rechazo por ser mujer y más aún cuando se enteran que tengo epilepsia”, señala Glenda y cuenta que en una ocasión que buscó empleo en una productora audiovisual con un grupo de compañeros “me dijeron que no buscaban mujeres porque los varones resisten más las jornadas de trabajo”.

Además, señala que no puede mentir sobre su discapacidad porque está tanto en su currículum como en su cédula y que cuando se enteran de ella “la gente se asusta porque no saben cómo actuar cuando me dé un episodio (epiléptico)”.

Por su parte, Jenny Bohórquez figura como sustituta de su hermana Laura, quien tiene síndrome de Down. A pesar de que la ley del 4% también la ampara por estar al cuidado de Laura, la búsqueda de empleo se ha vuelto difícil.

“No puedo estar una jornada completa”, cuenta Jenny y señala que a toda entrevista de trabajo que va, cuando menciona que está al cuidado de su hermana, no la vuelven a llamar. Asimismo, indica que también la discriminan por su edad “porque creen que no puedo rendir como una mujer joven”.

• El 35,32% de las mujeres con discapacidad está laboralmente activas, según la estadística del Conadis.

Por su parte, en entrevista con EXPRESO, la secretaria técnica del Conadis, Tatiana Escobar, reconoce que se dan estos casos. “Hemos constatado que para las mujeres con discapacidad se aumenta la brecha de inserción laboral” y añade que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ecuador mantiene la tendencia mundial de brechas en el acceso al trabajo y en su remuneración.

El Conadis, según Escobar, tiene una nueva agenda marcada hasta el 2025 que aborda la promoción de inserción laboral de personas con discapacidad y de sustitutos. Además, indica que su entidad prepara un paquete de reformas para actualizar la Ley de Discapacidades y sus alcances.

Sin embargo, al ser consultada sobre la aplicación de algún mecanismo para garantizar igualdad de oportunidades laborales, Escobar responde que estos “son saludables” y que “se pueden ir implantando en normativa más puntual, como manuales o instructivos”.

Por otro lado, el viceministro de Servicio Público, Jorge Benavides, explicó a este Diario que la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres ya está estipulado en la Constitución de la República.

Además, señala que “más allá que existan disposiciones puntuales en la Ley Orgánica de Discapacidades, por interpretación sistemática e integral del ordenamiento jurídico, se tiene que brindar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.

Sin embargo, Karina, Glenda y Jenny saben que no necesariamente es así. En realidad, ante la negativa de cada lugar que van en busca de empleo, han tenido que crear las oportunidades de trabajo.

Por ejemplo, a pesar que Glenda es productora audiovisual y teóloga, durante los últimos tres años ha realizado labores de apoyo en una escuela fiscal de Santo Domingo. Sin embargo, no posee un contrato ni está afiliada al Seguro Social y su sueldo es una ayuda que recolectan los funcionarios de la instrucción educativa.

Por otro lado, Jenny Bohórquez, ante el rechazo de cada negocio que va a buscar empleo, se vio obligada a elaborar pulseras artesanales junto a su hermana Laura para venderlas y percibir ingresos. “Ella (Laura) se demora unos 45 minutos con cada uno”, cuenta Jenny y señala que también ha elaborado monigotes y vendido comida para tener ingresos.

Por su parte, el viceministro Benavides señala que la inserción laboral de las mujeres con discapacidad es una responsabilidad compartida entre los empleadores y el Estado.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el 47% de negocios que incumplen la normativa, Benavides explica que a su Cartera de Estado realiza inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa. Además, reconoce que con los 149 inspectores que cuenta el ministerio y por la cantidad de establecimientos “es humanamente imposible” abarcar todo.

Mientras, Karina, Glenda y Jenny seguirán en búsqueda de una oportunidad que sin contemplación alguna se las he negada por una condición que no decidieron tener.

La inserción laboral en el servicio público

La secretaria técnica del Conadis, Tatiana Escobar, señala que el cumplimiento de la norma del 4% en el Estado es un cuestionamiento recurrente por parte de asociaciones y ciudadanía en general.

Sin embargo, destaca que esto depende de los concursos de méritos y oposición. Según indica Escobar, las carpetas de las personas con discapacidad muestran una brecha en la educación que reciben.

Por su parte, el viceministro de Servicio Público, Jorge Benavides, señala que el Estado tiene una masa laboral de 461.900 empleados. Entre ellos hay 17.766 personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, cerca del 28% de personas con discapacidad laboralmente activas está en el servicio público, mientras que el 72% restante está en el sector privado.