Las observaciones que se desprenden de las acciones de control sobre los millonarios pagos que el IESS efectuó a las clínicas privadas en Guayas y Pichincha también alcanzan a los administradores de esa entidad.

Los funcionarios incumplieron normativas aplicables en los procesos de acreditación, contratación y derivaciones de pacientes, que fueron atendidos por los prestadores privados, según dos informes de auditorías aprobados por la Contraloría General del Estado.

Por las presuntas irregularidades encontradas, el organismo remitió a la Fiscalía 10 informes con indicios de responsabilidad penal, tal como lo informó ayer EXPRESO.

El presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa, reconoció las fallas internas de la entidad, y dijo que se tomarán acciones administrativas con respecto a funcionarios que incumplieron su función.

El directivo informó además que la entidad canceló el contrato con la empresa R.DES, encargada de evaluar la gestión de las instituciones particulares que daban el servicio de salud a pacientes del Seguro.

Según lo detectado por la Contraloría, 15 médicos del IESS prestaron su contingente en prestadores privados a pacientes, en horarios que debían cumplir en unidades médicas de la institución. Tres de ellos son accionistas de las clínicas privadas en las que atendieron.

En la extensión de acreditaciones y contratos también se hallaron falencias. Los funcionarios del IESS no realizaron las debidas visitas in situ a los prestadores privados para verificar la calidad de servicio, instalaciones y equipamiento disponible, que ameritaban seguir ofreciendo sus servicios.

La Contraloría cita que, durante el período examinado, el Seguro contrató a 279 prestadores en Pichincha, de los cuales 8 no fueron acreditados ni suscribieron contratos, y sin embargo dieron atención a pacientes derivados.

Al 31 de diciembre de 2014, fecha de corte del examen especial en la jurisdicción de Pichincha, se comprobó que continuaban prestando servicios de salud al IESS, clínicas privadas acreditadas vía web, con informe negativo, que no habían sido suspendidas pese a ello.

La acción de control también analizó los procesos de derivación de pacientes y encontró que no hubo controles periódicos sobre la legalidad de esos traslados, provenientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil.

Por ello, los funcionarios del Seguro “desconocen si esta casa de salud tuvo la capacidad resolutiva para brindar la atención requerida y si esta derivación fue originada en base a una necesidad real”.

En el hospital Carlos Andrade Marín, de Quito, la falta de supervisión sobre el abastecimiento de fármacos e insumos motivó derivaciones a casas de salud particulares. Esa situación, dice la auditoría, hizo elevar los costos por atención médica para el IESS.