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Diario Expreso Ecuador

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Dilma Rousseff: una muerte politica en camara lenta

A Dilma Rousseff se le ha abierto un juicio político por un supuesto delito de responsabilidad, una figura bajo la cual la presidenta deberá responder en los próximos seis meses. Este es el caso: el Gobierno Federal presentó a inicios de 2015 lo

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Primer síntoma: calentura de calle aguda. Paciente: Dilma Rousseff, de 68 años. Oficio: presidenta constitucional de la República de Brasil. Historial: segunda mandataria en enfrentar un juicio político en ese país, en 24 años, acusada de maquillar cuentas fiscales. Estado actual: fue apartada por mayoría de votos en el Senado, tras 21 horas de sesión. Condición: crítica. Prescripción: descanso de 180 días para preparar su defensa y enfrentar una nueva votación que podría culminar en su destitución.

La ficha de Dilma, que abandonó ayer el ejecutivo Palacio de Planalto por la puerta lateral, arropada por una multitud de los suyos, tan preocupados, tan protectores, tan acompañantes de un amigo que agoniza, es la página más polémica de la reciente historia política brasileña.

Apartada del cargo, Dilma acudirá al mismo lugar donde empezaron sus síntomas: la calle. Fiel a la tradición del Partido de los Trabajadores, que ha visto venirse a pique 13 años de poder ininterrumpido en 21 horas de discusión parlamentaria, la presidenta enjuiciada acudirá a las bases, en lo que se prevé como una maratónica denuncia de “golpe de Estado” que hará pública en viajes dentro y fuera de Brasil.

Es la línea de su estrategia. Antes de ser llamada a juicio político recorrió 19.000 kilómetros y dio 15 discursos ante un público con el aplauso siempre listo para esbozar sus alegatos: “No tengo cuentas en el exterior y nunca he recibido sobornos ni colaborado con la corrupción”. Lo que ha hecho o de lo que se le acusa, un maquillaje en las cuentas fiscales, es a su juicio “un error, pero no un crimen”.

Poco importa ya. El nuevo Gobierno, el de “los sin votos” como llama con desprecio a la nueva cúpula, ascendió ayer al poder. Después de todo, un presidente que no haya pasado por las urnas no resulta sorpresivo en Brasil, que ha tenido tres en las últimas tres décadas. Michel Temer, que saltó del barco de Dilma hace pocas semanas y ahora promete recuperar “la estabilidad”, es el más reciente.

La defensa de Dilma, de quien no cabe esperar una renuncia que acelere la muerte política a la que podría someterla el juicio en el Senado porque, repitió ayer, está dispuesta “a luchar con todos los instrumentos legales para ejercer mi mandato hasta su fin, en 2018”, empezó aun antes de que la figura de un parlamento convertido en tribunal cobrara sentido.

Desde las manifestaciones de marzo de 2015, nada más asumido su segundo mandato, que convirtieron a Brasil en el escenario predilecto de millones de bocas gritando “Fora, Dilma”, el Gobierno petista denunciaba un “golpe”. Y cuando los cuestionamientos pasaron de la calle y el descontento económico a la prensa y el cuestionamiento jurídico y las vinculaciones con casos como Petrobras y Lava Jato, el círculo de Dilma insistió: “golpe”. Poco antes de ayer, cuando la Justicia pisaba los talones del mentor de Dilma, el emblema socialista Luiz Lula Da Silva, y la presidenta le tendió la mano con un nombramiento ministerial que traía consigo un blindaje jurídico que duró poco, porque la Justicia lo bloqueó y el Congreso precipitó el debate sobre el máximo juicio de una democracia, entonces también gritaron “golpe” y agregaron: “no pasarán, querida”.

Un año y medio después de los primeros síntomas, los gritos han cambiado. En un país visiblemente fraccionado, donde las marchas llevan muros policiales divisorios, la destitución de Dilma crea más huecos de los que tapa y deja un Brasil donde la única noticia sin carga negativa de este año podría ser la celebración de los Juegos Olímpicos en Río, un evento que Dilma tendrá que ver por televisión, en junio. Del resto, el país vive una epidemia de malas nuevas: los mercados, inquietos; la economía, débil; la presidenta juzgada, aislada; el Senado juzgador, investigado en un 60 % de sus curules por actos vinculados a la corrupción.

La caída de Dilma, en cámara lenta, mantiene en vilo a la sociedad brasileña, cuyas voces opositoras amanecieron ayer con gritos y mensajes y tuits y tendencias en redes sociales que, claramente, no resultaban piadosos: “Chao, querida”, le decían.

Tal vez sea pronto. En una nación ajena a las predicciones inmutables, donde hace apenas dos meses el juicio parlamentario parecía un mal chiste, el futuro político en la ficha de Dilma se dibuja con caligrafía médica: pronóstico reservado.

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