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Se difiere la audiencia de régimen semiabierto para Ricardo Rivera, en el caso Odebrecht

Él fue uno de los sentenciados por asociación ilícita junto con el exvicepresidente Jorge Glas, preso en la cárcel de Cotopaxi

RICARDO RIVERA
Preso. Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, en 2017 mientras era trasladado a una diligencia.Henry Lapo

A las 08:30 de este martes 3 de agosto de 2021 se había programado la audiencia por régimen semiabierto solicitada para Ricardo Rivera Aráuz, sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht, junto con su sobrino Jorge Glas, exvicepresidente preso en la cárcel de Cotopaxi y otros. Glas fue ministro de Sectores Estratégicos y exvicepresidente de Rafael Correa, sentenciado por cohecho en el caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016.

José Luis Jiménez Velema, juez de Garantías Penitenciarias Albán Borja, convocó a la diligencia a efectos de garantizar los derechos fundamentales de Rivera y resolver su situación jurídica. 

Debía realizarse mediante videoconferencia en la Unidad de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Guayaquil. Para la audiencia el juez había dispuesto la comparecencia obligatoria del director del Centro de Privación de Libertad en el que se encuentra Rivera, o su delegado. 

Al funcionario se requirió que presente la carpeta individualizada sobre el proceso de rehabilitación y beneficio penitenciario del privado de la libertad, la certificación de la Comisión de Beneficios Penitenciarios, el certificado de permanencia, el informe jurídico y prontuario penitenciario donde se verifique que Rivera solo tiene una pena activa. 

Además el juez pidió que se presente el certificado de no tener faltas graves y gravísimas actualizado, el documento de encontrarse ubicado físicamente en el pabellón de mínima seguridad, los informes y certificados de los ejes de tratamientos y el informe psicológico con todos sus soportes. 

A la defensa de Rivera se requirió que presente en la audiencia croquis, fotos, Googlemaps que identifiquen la ubicación del domicilio y trabajo ofrecido al privado de la libertad para el beneficio y cerciorarse que las declaraciones juramentadas no sean superior a seis meses desde su otorgamiento inicial, ya que a la fecha de la diligencia pueden existir cambios sobre las circunstancias del domicilio y trabajo que podrían afectar el análisis de la causa.

Toda la documentación debía presentarse en la audiencia que será fijada para una próxima fecha.

Aníbal Quinde es el abogado de Ricardo Rivera, empresario de Telecomunicaciones de 71 años, detenido el 2 de junio del 2017. Señala que la diligencia no se cumplió porque existían varios escritos pendientes de despacho. Indica que su cliente ha pasado detenido más de cuatro años equivalentes a más de 1.500 días de encierro y casi el 70 % de la pena cumplida. Añade que el régimen semiabierto es un derecho de su defendido. 

Espera que, cuando se desarrolle la nueva audiencia, el juez, en caso de aceptar el pedido,  seguramente dispondrá que habite la casa y labore en el sitio que se ha prometido permanecer y trabajar. 

A eso se suma que un trabajador social podría ser quien lo supervise, se dispondrá que use grillete y que semanalmente se presente a la casa de confianza ubicada en el centro carcelario. Al menos eso es lo que comúnmente disponen los jueces en esos casos, recalca. Eso es lo que comúnmente disponen los jueces

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Rivera y Glas fueron investigados por la presunta participación en la trama de corrupción armada por la constructora brasileña Odebrecht. En la condena impuesta a ellos y otros sentenciados se dispuso que se pague una reparación económica de 33.3 millones de dólares de forma solidaria con los demás condenados. El trámite de régimen semiabierto inició el lunes 31 de mayo a las 12:37. 

El de asociación ilícita fue uno de los casos abiertos por la trama de Odebrecht. Uno de los primeros sentenciados fue Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Rafael Correa, quien ya salió en libertad tras cumplir una pena por lavado de activos. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundió un informe sobre el pago de coimas de la constructora Brasileña en varios países, entre ellos Ecuador.