El vicepresidente sin funciones Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera deberán estar en la cárcel. Lo dispuso el juez Miguel Jurado, quien acogió el pedido de prisión preventiva solicitado para ambos por el fiscal Carlos Baca Además, aprobó otras dos medidas cautelares entre las que constan la prohibición de enajenar los bienes y retención de cuentas.

La resolución del juez fue anunciada ayer pasadas las 17:00, al reinstalar la audiencia iniciada por la mañana. El juez acogió los elementos que llevaron al fiscal a concluir que había riesgo de fuga de Glas y Rivera.

Ambos son parte de los 18 investigados por la Fiscalía por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, que investiga la trama de sobornos de la constructora brasileña.

El fiscal anunció que además del expediente por asociación ilícita existe una indagación reservada en contra del vicepresidente Jorge Glas y del tío de este, Ricardo Rivera, por el presunto delito de cohecho. Según la Fiscalía, que no aportó más detalles, “aparecen nuevos presuntos indicios respecto al delito de cohecho” en relación con cinco contratos que se otorgaron a Odebrecht en el área de Sectores Estratégicos: el Poliducto Pascuales-Cuenca, hidroeléctrica Manduriacu, Trasvase Daule-Vinces, el movimiento de tierras para la Refinería del Pacífico y el Acueducto La Esperanza.

Además, también se ha abierto investigación por lavado de activos y defraudación tributaria.

En el caso del vicepresidente, los testimonios anticipados de Alfredo Alcívar, exempleado de confianza de Rivera y actual testigo protegido, del delator José Santos y de José Terán, Gustavo Massuh y Kepler Verduga, son parte de las justificaciones para pedir su prisión, prohibición de enajenar sus bienes y la retención de fondos de las cuentas.

Según Baca con esas declaraciones se evidenciaría la existencia material del delito de asociación entre Glas y Rivera. El fiscal aseguró que esas presunciones se corroboran con la pericia a la asistencia de Estados Unidos.

Esa información establecería de manera inequívoca la relación directa y causal entre pagos, obras, códigos, apodos usados y empresas beneficiarias.

Citó la transferencia de $ 150.000 a Glory International. En la asistencia también se detallarían decenas de transacciones similares.

A esos elementos se suman las expresiones del vicepresidente que habla de su condición de perseguido político, dijo el fiscal. Aclaró que la Fiscalía ha actuado con objetividad y de manera técnica y dejó claro que esta institución no representa ni a una persona ni a un partido político.

Baca se tomó casi una hora para detallar los elementos que respaldaron su pedido de cambiar el arresto domiciliario de Rivera y la prohibición de salida del país del vicepresidente por la prisión preventiva de ambos. Las medidas se solicitaron el 3 de junio en la formulación de cargos y el 29 de agosto en la vinculación de Glas. En el caso de Rivera, el fiscal mencionó un parte policial que evidenciaba vulnerabilidades “para que el privado de la libertad pueda darse a la fuga”.

A ello contribuirían las condiciones del sitio en el que Rivera cumple la medida que se le impuso por su edad. El informe policial mencionó al menos tres puertas con acceso a los exteriores de la edificación que no se podrían controlar y un muro bajo y de malla para darse a la fuga.

Pero no solo eso. La Policía informó al fiscal que no se cumplía, en la mayor parte del tiempo, la disposición de estar siempre con el dispositivo electrónico colocado en su tobillo.

Por eso, Baca cree que el arresto domiciliario no es suficiente para garantizar la inmediación al proceso y alertó riesgo de fuga.

La diligencia de revisión de medidas se instaló ayer en medio de la expectativa de medio centenar de simpatizantes del vicepresidente que se apostaron en los exteriores de la Corte. Con carteles y banderas defendieron la inocencia de Glas y rechazaron a la prensa y al presidente Lenín Moreno.

Baca estuvo acompañado por la fiscal Diana Salazar, coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien inició el caso, y el fiscal Wilson Toainga.

En la sala de audiencias también estuvieron los asambleístas de CREO, Mae Montaño y Roberto Gómez. Heriberto Glas, hermano del vicepresidente, estuvo en primera fila, pero fue retirado del salón pocos minutos antes de que concluyera la primera parte de la diligencia.

El pedido de Aníbal Quinde, defensor de Rivera, fue acogido por el juez Jurado, quien dispuso, además de la prisión, que el Ministerio de Justicia adecúe un lugar para Rivera y que sea trasladado a una casa de salud para su valoración médica.

Por su parte, Eduardo Franco Loor anunció que apelará la prisión y presentará una queja en contra del juez en el Consejo de la Judicatura. Anunció que Glas no renunciará.

En su cuenta de Twitter, el vicepresidente señaló: “acato BAJO PROTESTA este infame atropello en mi contra, aún tengo fe en que la justicia se imponga, ante ella probaré mi inocencia”.

Manifestó que “sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme”.

Más temprano, en un comunicado, expresó: “que mi sacrificio sirva para desenmascarar a los traidores a la Revolución y a la Patria”, escribió en su Twitter”.

Al final de la audiencia, los asambleístas de CREO y otros ciudadanos que asistieron a la diligencia arengaban: “preso Glas, Correa va detrás”.

Ayer por la tarde, en los exteriores de la Corte, no solo estuvieron los simpatizantes del vicepresidente defendiendo su inocencia, sino también ciudadanos celebrando la medida.

Además de Rivera y Glas se investigará a Telconet, Glory International, Televisión Satelital, Dramiston, Plastiquim/Cosani/ y Golden Engineering.