Dictamenes de la Contraloria se ‘entrampan’ en la justicia
El organismo de control ha destituido a varios funcionarios, pero sus decisiones están en “stand by”. Las impugnaciones permanecen en la justicia por años.
Las decisiones de la Contraloría caen en saco roto. El organismo de control encuentra trabas para la aplicación de sus decisiones en otras instancias, y en otros, solo la intervención política hace que se cumplan.
Desde junio del 2017, cuando Pablo Celi asumió el cargo tras la salida de Carlos Pólit (hoy prófugo de la justicia, acusado de delito de peculado en el caso Odebrecht), la Contraloría ha tenido notoriedad con los resultados de sus exámenes de auditoría, de los cuales devienen responsabilidades administrativas con destituciones.
Cabe recordar que entre las destituciones dispuestas por el ente de control se encuentran las de alcaldes, prefectos, presidentes de directorios y hasta vicepresidentes de la República. ¿Cuántas de estas destituciones se han cumplido? Son pocas, entre ellas, la de César Umajinga, prefecto de Cotopaxi; Lucía Sosa, prefecta de Esmeraldas; y Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación.
Entre las destituciones no acatadas figuran la de Jaime Estrada, alcalde de Manta hasta 2014; Mariano Zambrano, prefecto de Manabí; Jorge Glas, exvicepresidente de la República; y Richard Espinosa, extitular del Consejo Directivo del IESS. El tema volvió al debate la semana pasada con la destitución del asambleísta Hermuy Calle (RC).
Sin embargo, la mayoría de resoluciones de este tipo no se concretan o se quedan en “stand by” porque la justicia no se pronuncia.
Para Celi, una sanción de destitución es de cumplimiento obligatorio, independientemente de la apelación que el funcionario pueda hacer en el campo administrativo o judicial, tal como determina la ley.
El excontralor, Alfredo Corral, dice que la “traba” está en la justicia. Asegura que si se cumpliera con los plazos para el tratamiento de los juicios, las decisiones de la Contraloría podrían cumplirse.
Legislación
Impugnación no invalida la destitución
El actual contralor, Pablo Celi, ha insistido en que la impugnación hecha por asambleísta Hermuy Calle ante el Tribunal Contencioso Administrativo -contra la disposición de su destitución- no suspende la resolución de la Contraloría del Estado.
La posición del funcionario se sustenta en el artículo 189 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Dice que “la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado”.
El detalle
Informes. Desde junio del 2017 a enero del 2019, la Contraloría envió 372 informes con responsabilidad penal a Fiscalía. De estos, 209 están en investigación.