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Dictadura, rebelion e intervencionismo
Desde la derrota en las elecciones parlamentarias del 2015 del chavismo-PSUV por parte de la alianza opositora-MUD, se polariza más la situación política, pero con hechos inentendibles, aparentemente, como las diferentes formas de votar los ciudadanos según sus lugares de residencia o cómo las protestas tienen más intensidad en unos territorios que en otros. Al respecto destacamos que la parroquia 23 de Enero, tenida como un bastión gubernamental, votó mayoritariamente por la oposición; en el Municipio de Sucre, donde se asienta el barrio más grande de América Latina, Petare, gobierna la oposición desde el 2008, aunque también operan consejos comunales afines a Maduro. Nos parece que la protesta popular tiene un carácter reivindicativo más que político-partidista, por los saqueos y la rebelión. El Gobierno presenta una imagen y resultados concretos de ineficiencia, ineficacia y corrupción, que por limitaciones de espacio no podemos destacar, pero que nos envían a la gran pregunta: ¿por qué los sectores sociales populares no bajan de los cerros, como lo hicieron para el “caracazo”, y no se han unido a la movilización permanente que lleva más de 4 meses? Hasta hoy las respuestas han sido simplistas y maniqueas tanto del oficialismo, como de la alianza opositora y la prensa internacional. Lo que sí es claro, hasta el momento, es que ni el Gobierno ni la oposición cuentan con el poder para salir victoriosos del empantanamiento político en que se encuentran. No se otea en el horizonte la posibilidad de una salida transicional negociada; e incluso, internacionalmente las oposiciones a Maduro se han divido políticamente en la región, entre regímenes derechistas-posneoliberales y los nacionales-populistas, aún en el poder. Finalmente, este escenario laberíntico donde predominan una gran violencia social y abuso policial en los barrios, con un elevado número de armas en las calles -según analistas y centros de estudio de credibilidad-, encumbrados índices delincuenciales y homicidios, crecimiento persistente del exilio económico, entre otros problemas, no puede condicionar a una salida violentista y de alto costo social.