Diana Salazar camina hacia la prórroga de sus funciones, ¿qué sucede en el CPCCS?

A poco más de un mes de que culminen las funciones de Diana Salazar Méndez como titular de la Fiscalía General del Estado, el panorama de su salida casi sigue intacto: un proceso de renovación ralentizado y con el fantasma de la prórroga cada vez más cerca.

Pese a que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) lleva tratando este concurso desde septiembre de 2024, con la aprobación del reglamento del proceso, casi seis meses después apenas se ha estructurado la veeduría ciudadana que vigilará el proceso; paso previo al inicio del concurso.

En el CPCCS las expectativas chocan con la realidad

Aunque con la destitución de la Liga Azul afín al correísmo se esperaba que el reconformado Pleno del Consejo de Participación Ciudadana caminara firme hacia resolver los concursos pendientes, Gonzalo Albán, uno de los consejeros que se principalizaron, sostiene que el panorama se ha complicado.

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“Llevo poco tiempo, pero he notado que hay ciertas cosas que podrían hacerse a la par y no se hacen”, comenta y revela que una posible reforma al reglamento para conformar la comisión ciudadana también estaría incidiendo en que el concurso no avance según lo deseado.

No obstante, también señala que factores económicos, como la determinación de dietas para los comisionados, son otras dificultades de índole administrativo que encara el Consejo de Participación Ciudadana al momento de realizar los concursos, como el de fiscal general.

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Este Diario intentó comunicarse con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, para consultar sobre las dificultades que están atrasando al concurso de fiscal general. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hay una respuesta.

La ciudadanía no puede aceptar más atrasos, señala excandidata al CPCCS

Las dificultades narradas por Albán no son ninguna sorpresa para la ciudadanía, señala Pamela Troya, activista y excandidata al Consejo de Participación Ciudadana, ya que se han venido repitiendo a lo largo de los años y revelan un problema de fondo en la institución.

“El Consejo de Participación Ciudadana sufre de graves temas estructurales. No entiendo cómo puede una institución ser tan ineficiente”, acota y recuerda que otros procesos estancados son el de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

De acuerdo con Troya, este complejo panorama muestra que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana no están cumpliendo el deber ni las atribuciones de su cargo, incluso siendo “razón suficiente para llevarlas a juicio político” en la Asamblea Nacional.

No obstante, el consejero Albán hace hincapié en que hay casos en que la demora de los procesos no depende de la institución. Por ejemplo, recuerda que la designación del nuevo Consejo de la Judicatura aún sigue a la espera de la terna de la Función Ejecutiva.

Pese a que no está de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, Troya sostiene que una alternativa para avanzar en la renovación de las autoridades de control es retirar esta atribución a la institución para que solo quede como una entidad de promoción ciudadana. Según continúa, este paso al menos lograría quitar las excusas cuando los procesos de renovación no marchan como deberían.

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