Un sabor amargo a impunidad sigue latente. Más de dos millones de dólares representaron los daños ocasionados a la ciudad de Quito por el paro nacional de junio pasado. ¿Existen ya responsables? No. Como ocurrió en las protestas de 2019, los gastos para recuperar los espacios destruidos salieron del cabildo capitalino.

Al interior de las organizaciones sociales no se ha sancionado a ninguno de sus miembros o comuneros por desmanes y/o alteraciones impropias durante las manifestaciones, pese a que en algunos casos los actos violentos sí se originaron por manifestantes indígenas a vista y presencia de otros miembros de sus organizaciones.

Sin embargo, desde la Conaie sí respalda que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, sea llevado a juicio político por incumplimiento de funciones, responsabilidad política, mala aplicación del uso de la fuerza y vulneraciones en el paro nacional.

Un hecho con el que no está de acuerdo el asambleísta José Pinto, porque considera que con la ayuda de ciertos legisladores la dirigencia indígena busca un “lavado de mano” al tratar de distraer a la ciudadanía y evitar asumir las responsabilidades de los daños ocasionados.

“De que existen culpables y responsables por todos los daños, los hay. Hoy con este show al ministro Carrillo lo que quieren es desviar la atención porque Fiscalía está haciendo las investigaciones adecuadas y por otro lado muchos asambleístas que quieren de alguna manera socapar la violencia”, argumentó Pinto. Y añade que desde el Legislativo se debe impedir procesos de amnistías que permitan impunidad como ocurrió con dirigentes indígenas responsables de actos ilegales en las protestas de octubre del año 2019.

La dirigencia indígena ha manifestado que más de 400 personas de sus filas están siendo criminalizadas por las protestas y no descartan que el tema sea tratado en la mesa 10 del diálogo nacional. “Aún no llegamos a instalarnos en esa mesa, pero debemos analizar el tema”, comentó a este Diario Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie.

Sin embargo, este no será un tema de discusión según el Gobierno Nacional. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al inicio de las instalaciones de las mesas técnicas, fue enfático al indicar que no intervendrán en temas que solo le competen a la justicia. “De nuestra parte dejamos claro que las instituciones de la administración de justicia tienen la potestad de actuar con la absoluta autonomía”, manifestó en su momento.

El catedrático Gabriel Hidalgo explica que las mesas de diálogo al no tener poderes plenipotenciarios, no cabe una propuesta para indultar o eliminar procesos penales en contra de miembros indígenas. “No se puede pedir perdón y olvido para quienes están procesados por los daños provocados en las protestas. Eso le corresponde a los jueces y fiscales, no a las mesas de diálogo instaladas con el Gobierno”, explica.