Que se hayan asesinado a tres alcaldes en apenas 27 días es un dato perturbador. Aplica para cualquier país del mundo, pero es particularmente alarmante cuando esa cifra se registra en un país pequeño y con una población relativamente reducida como la del Ecuador. 

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El primero de estos tres casos fue el de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, en Manabí, la madrugada del 24 de marzo. El segundo fue el de José Sánchez, alcalde de Ponce Enríquez, en Azuay, el 17 de abril y el tercero el de Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo, en El Oro, el viernes 19 del mismo mes. 

Si a esta cifra se aumenta la de 14 políticos asesinados en 16 meses, entre esos el caso del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, como lo consignó este Diario en una nota, el saldo es absolutamente aterrador. 

Se trata de un fenómeno que no solo tiene que ver con la inseguridad y la violencia, sino con la supervivencia del Estado como organismo de administración de lo público y de la legalidad. 

Por las razones que se pudieron producir estos crímenes, no es posible pensar en un Estado donde el hecho de ser funcionario o mandatario coloque a la persona en estado de absoluta vulnerabilidad. Es por esto por lo que el silencio que el gobierno de Daniel Noboa ha mantenido sobre este fenómeno es preocupante, aún más cuando no hay una estrategia oficial para que la vida de los funcionarios públicos esté más asegurada.

Ninguno de los tres asesinatos de estos últimos casi 30 días, ha merecido la reacción pública del presidente Daniel Noboa, ni siquiera un mensaje de condolencia por sus desapariciones. El Gobierno que ha estado enfocado en el tema de la seguridad, de la consulta y ahora en el de la crisis energética no ha puesto a este dramático tema entre sus prioridades. 

Por un lado, declara objetivo militar a quienes asesinan a policías y militares, lo cual está muy bien, pero no incluye en estas consideraciones a quienes se han dedicado a asesinar políticos y funcionarios públicos. 

Si el ejercicio de la administración pública se convierte en una actividad de alto riesgo, como está ocurriendo, el número de quienes se dediquen a ella será cada vez más reducido entre las personas no contaminadas por los criminales y será asumida por las que tienen intereses oscuros y se sienten mayormente protegidos.

El fenómeno de la narcopolítica y de los intereses de los grupos dedicados al crimen en cantones y parroquias hace que la dinámica en los gobiernos municipales sea mucho más complejo y delicado que en las grandes ciudades. En esas partes del país, es mucho más fácil que los grupos dedicados al crimen se apropien de la agenda de los municipios y cuando algún político se niega a cumplir los designios de estos criminales muy probablemente será su víctima. 

También ocurre que hay políticos que han sido permeados por los intereses de alguna banda y luego son objetivos de miembros de alguna otra. Es, en resumen, el drama que existe en los municipios y parroquias de zonas alejadas de las grandes ciudades donde el narcotráfico y la minería ilegal se han apoderado de la política.

Hay casos donde los municipios muchas veces sirven como lavaderos de dinero mal habido o son obstáculos para que los criminales hagan lo que les conviene. En ambos casos, el desenlace puede ser fatal. 

Ya en las más recientes elecciones locales se elevaron alertas sobre los intereses del crimen organizado por tener autoridades a su merced y hay casos, como el de Simón Bolívar en Guayas, donde sus autoridades municipales han sido identificadas en los chats de Metástasis con vínculos con estas bandas. En ese caso, es especialmente preocupante que el movimiento político más importante del país haya escogido como candidata a alguien que, se sabía con antelación, tenía vínculos con esos grupos.

La gravedad que tiene la vulnerabilidad de los alcaldes es algo que obliga al Gobierno a pronunciarse y a tomar decisiones para remediar la situación. No existe plan ni estrategia de seguridad para el país que sirva, mientras no haya alguna garantía para quienes ejercen funciones públicas. 

De lo que se sabe, entre los casos de alcaldes asesinados en este último mes, hay casos en los que aparentemente fueron ajusticiados por sus negativas a seguir la agenda de las bandas criminales.

Luego del asesinato de Maldonado, alcalde de Portovelo, las autoridades policiales de la provincia de El Oro anunciaron que se tomarán medidas para la protección de los otros alcaldes: es de esperar que esto tenga resultados positivos y que se mantenga a nivel nacional. Mientras sea tan peligroso ser alcalde o concejal, el crimen se irá apoderando de esos cargos.

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