La situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) está en entredicho. Por su lado, la actual administración defiende su accionar y asegura que hay los recursos suficientes en la entidad para cubrir las prestaciones de salud y de pensiones a los jubilados. Sus detractores, por su parte, insisten en que la entidad camina hacia el despeñadero y que no hay recursos para garantizar las pensiones futuras.

Los candidatos presidenciales, Guillermo Lasso (CREO) y Lenín Moreno (PAIS), tienen claras sus posturas con respecto a esta entidad que tiene 3,1 millones de aportantes y una población de 9,1 millones de beneficiarios, entre los que constan jubilados, afiliados activos y sus dependientes.

Los dos aspirantes a la presidencia coinciden en que el IESS es un pilar fundamental en el desarrollo del país, pero sus planes difieren.

Lasso no solo es partidario de volver al 40 por ciento del aporte estatal a las pensiones jubilares, sino reconocer todas las deudas que el Estado tiene con la entidad, incluida la de 2.500 millones de dólares por atención de salud a los afiliados. Para ello plantea, incluso, crear un fondo para poder cubrir esas acreencias.

Moreno no habla de reconocer, por ley, ese aporte, pero sí garantizar el pago no solo de ese porcentaje, sino del 100 por ciento de las pensiones jubilares si es necesario. En cuanto a la deuda, el candidato oficialista dice que esperará el resultado de la auditoría externa a los balances que está haciendo la Contraloría General del Estado para emitir un pronunciamiento de cómo se resolverá ese tema.

Lo que sí ofrece es impulsar las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades de los funcionarios de gobiernos del pasado que inicialmente colocaron valores sin respaldos en las cuentas del IESS.

A criterio de Moreno, la administración de Correa pagó las deudas impagas desde 1985 y fueron los gobiernos anteriores los que nunca se preocuparon por registrar las atenciones de salud que realizaba el IESS, por lo tanto no se puede cuantificar y no existe un respaldo contable.

Los 2.500 millones de dólares eliminados desconocidos se deben a prestaciones de salud a los afiliados registradas entre el 2002 y el 2016. Es decir, 5 años de dos gobiernos anteriores y nueve del correísmo.