Las detenciones traen algo de calma a la Universidad Estatal

En la Universidad de Guayaquil reina un ambiente de aparente tranquilidad originado no solo por el periodo vacacional que iniciaron estudiantes y docentes, sino también por la detención de seis sospechosos de haber colocado artefactos explosivos en la ciudadela Salvador Allende.

El campus luce algo vacío. Quienes acuden a realizar algún trámite administrativo lo hacen en medio de un control policial que no se ha suspendido a pesar de la vacancia semestral universitaria.

Pero no todos van a la ciudadela por motivos administrativos, también lo hacen para pronunciarse sobre los últimos acontecimientos.

Este es el caso de los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), quienes ayer negaron alguna vinculación con los detenidos por los atentados con artefactos explosivos.

Jean Carlos Intriago, representante de la facultad de Medicina, rechazó que las autoridades gubernamentales señalen que los seis detenidos son dirigentes estudiantiles. “No son representantes estudiantiles; entre los detenidos no hay ningún matriculado en la universidad”, manifestó, en compañía de líderes de la Asociación Escuela de Lenguas.

No obstante, aseguró que los detenidos estuvieron involucrados en el secuestro de la Universidad de Guayaquil en octubre del 2018, cuando la entonces vicerrectora de posgrado, Gulnara Borja, se tomó el rectorado, lo cual derivó en la intervención del Consejo de Educación Superior (CES).

La dirigencia estudiantil pidió a Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional (CIFI) y rector del alma mater, que se disculpe con el gremio por haber involucrado a sus integrantes en casos de violencia.

Minutos más tardes, Passailaigue aclaró que nadie había mencionado que los involucrados son actualmente estudiantes. “Se dijo que son exestudiantes, y está evidenciado que dos de ellos formaron parte de la facultad de Comunicación Social, pero al ser expulsados fueron a la de Derecho”, explicó.

También confirmó que uno de los detenidos es un profesor de colegio que en 2015 prestó servicio en la universidad.

Reiteró que la CIFI actúa “sin temor ni favor” y que la denuncia formulada por la universidad contra el actual presidente de la FEUE (José Valdivieso) no fue por el caso de las bombas, sino por una agresión a un decano. “Allí no caben las disculpas”, dijo.

Del lado de los docentes también reina una aparente tranquilidad. Ellos creen que aún no se ha detenido a todos los que durante más de seis meses han causado zozobra en el alma mater. “Ojalá que las investigaciones continúen para conocer a los autores intelectuales”, remarcó Carlos Mora, docente de la facultad de Ciencias Matemáticas.

Lo mismo dicen los jubilados, quienes a pesar del periodo vacacional y del poco movimiento que hay en la universidad, siguen asistiendo a los predios para exigir que les cancelen sus jubilaciones.

Maybelline Calva, presidente del Movimiento Unión Facso, señala que la detención de los implicados en los bombazos no resuelve los problemas de fondo del centro de estudios superiores, como por ejemplo la devolución del hospital universitario, falta de equipos técnicos, mala planificación académica, infraestructura paupérrima, escasez de agua, entre otros.

Tras las acusaciones, el juez Luis Tapia dictó ayer prisión preventiva para cinco de los detenidos por presunto delito de terrorismo. La instrucción fiscal se desarrollará en 90 días.

Asimismo, el juez Homero Tayupanda dispuso prisión para otro procesado en flagrancia, por supuesto almacenamiento de municiones y explosivos. La instrucción será de 30 días.

Estas personas fueron detenidas la noche del martes 17 y madrugada del miércoles 18 pasado, como presuntos responsables de colocar bombas en la Estatal.

Los sindicados son: Washington P. (de 66 años), Joshua P. (28), Víctor P. (32), Cristhian F. (25), Daniel C. (40) y el ingeniero químico Felipe B. (54). Las investigaciones continúan.