La terminación del Hospital de Especialidades de Portoviejo, un proyecto que fue considerado de prioridad uno, sigue en espera. En febrero del 2013, el entonces llamado Instituto de Contratación de Obras contrató a la empresa China CAMC Engineering para su construcción, que debía culminar a mediados del 2014. El costo contractual fue de $ 89’183.178.

Imprevistos como el aumento de la capacidad de 400 a 528 camas y cambios en el diseño estructural, hicieron que se firmen contratos y órdenes de trabajo adicionales y que la obra termine costando $ 151 millones. Su entrega se ha anunciado para el 2018.

Ese hospital forma parte de los proyectos de infraestructura que fueron financiados por el Banco de Desarrollo de China (CDB), por $ 1.200’000.000, mediante tres líneas de crédito acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Una revisión de la Contraloría General del Estado a una muestra de proyectos, que se sustentaron con créditos que alcanzaron los $ 14.759’.060.883,79, desvela un flojo control estatal sobre el registro y uso de los recursos de libre disponibilidad destinados a las obras (ver infografía).

Las observaciones se recogen en un reciente informe de auditoría al manejo de los procesos de endeudamiento público entre 2014 y 2015, así como al uso de los recursos de los empréstitos del CDB entre 2010 y 2015.

El incumplimiento de normativas vigentes por parte de funcionarios de Finanzas contribuyó a esas falencias que, según el organismo de control, ocasionaron, por ejemplo, que no se identifique la cuantía desembolsada de cada préstamo.

El informe detalla proyectos que no cumplieron con las expectativas de beneficio social porque no se concluyeron en los plazos previstos. Estos son: el Parque Eólico Villonaco ($ 23, 4 millones), Central Térmica Esmeraldas II ($ 101 millones), compra e instalación de equipos biomédicos y mobiliarios para los hospitales públicos ($ 53, 9 millones) y proyectos hidroeléctricos Mazar Dudas ($ 47,5 millones) y Quijos ($ 138 millones). En estos dos últimos se declaró la terminación unilateral de los contratos.

EXPRESO expone tres casos representativos

Este Diario no pudo obtener un pronunciamiento del Ministerio de Finanzas. Su titular, Carlos de la Torre, evitó comentar sobre las observaciones porque, adujo, son casos que no corresponden a su gestión.

Transmisión de energía de 500 kV

Recargo de $ 7 millones por el crédito para obra eléctrica

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) suscribió, el 26 de julio del 2013, un contrato con la empresa china Harbin Electric International, para el diseño y construcción de un sistema de transmisión para 500 kilovoltios (kV). En el proceso precontractual -observa la auditoría- no se precisó que se recurriría a financiamiento externo. El proyecto dependía de un crédito del Eximbank de China, por $ 509’232.882,64, y fondos fiscales por $ 89’864.626,36. Las condiciones del empréstito, que debía gestionar Finanzas, incluían el pago de una póliza de seguro. Según la Contraloría, la demora en su pago causó la suspensión temporal de la obra y generó recargos financieros por $ 7’018. 000,46, que el Estado deberá asumir. EXPRESO está a la espera de una versión que ofreció la nueva administración de Celec sobre las observaciones.

Un proyecto en deuda con las expectativas de beneficio

El 15 de diciembre del 2014, el Ministerio de Salud y la empresa china Sinopharm International firmaron un contrato para la compra e instalación de equipamiento biomédico y mobiliario para los hospitales, por $ 53’ 884.442, que sería financiado con un préstamo de China. En 2015, se acordó una ampliación del plazo, justificada por la demora en el pago del anticipo, problemas en la desaduanización e insuficiente preparación de los hospitales para recibir los equipos. Según la auditoría, “el proyecto no cumplirá con las expectativas de beneficio social, ante la prioridad de financiarlo con recursos de endeudamiento público”. Salud condicionó las respuestas a un pedido de este Diario, a que este se haga por escrito. Mencionó que en el informe DNA3-0001-2017 de la Contraloría, “no consta lo aludido respecto al contrato que se solicita información”.

Dación en pago creó deuda pública

Bonos para pagar al IESS afectaron la caja fiscal

En 2014 y 2015, Finanzas autorizó la colocación de bonos por $ 585’ 201.210,29 en el IESS bajo la figura de “dación en pago” para cubrir deudas pendientes que debió presupuestar para cubrir el pago del 40 % de las pensiones de los jubilados. La Contraloría observó que estos gastos son permanentes y debieron ser transferidos cada mes al Seguro, y que para cumplir con ese compromiso, el Gobierno lo hizo mediante la emisión de deuda pública. Esas colocaciones generaron intereses por rendimiento de $ 27’ 835. 762,39, que afectaron la liquidez de la caja fiscal, advierte el informe. El 20 de abril del 2015, a través de una reforma legal, se suprimió esa obligación del Estado. Según la Contraloría, hasta esa fecha, Finanzas inobservó la normativa vigente y no tomó los correctivos que habían sido recomendados en una anterior auditoría.