La comisión de pacificación para las cárceles cumple tres meses de creación el 16 de marzo, la mitad del periodo asignado mediante decreto ejecutivo para así abrirle camino al Estado y ver si retoma el control.

Nelsa Curbelo, presidenta del organismo, reconoce que en seis meses es imposible lograr un acuerdo de paz, porque se ha generado violencia desde el Estado al incumplir con sus responsabilidades, lo que permitió generar un reino de corrupción. Enfatiza que actualmente existe solo “una tregua”, en la que se coordinó un “tú paras, yo paro”, sin nada a cambio, al interior de la cárcel.

“Hay elementos que están reforzando una base para poder llegar a un acuerdo (indultos, reducir hacinamiento, etc.), pero todavía es inestable porque de nuevo depende de los grupos enfrentados. Ese acuerdo supone confianza mutua, dar la palabra y cumplirla. Entre ellos hay un código: si no se cumple, se cobra con la vida, así que hay que tener mucho cuidado con eso”, puntualizó.

Precisamente este es uno de los principales nudos para llegar a la paz, de acuerdo con los acercamientos que ha tenido la comisión de paz con los internos. Los convictos no tienen en la actualidad una garantía de que sus “similares” cumplan con el tratado que se busca.

“Ellos dicen: ‘Nosotros paramos, pero usted no ataca a nadie en la calle, ni tampoco a mi familia’. El acuerdo es en el centro (penitenciario),    pero se manifiesta en la calle. Eso lo hace complejo. Los reos tienen terror de que se dé otra masacre, porque no quieren que su familia sufra como sucedió en 2021. En general respetan mucho a sus madres y a sus hijos, que no se tomen represalias con sus familiares”, expuso Curbelo.

Efrén Guerrero, catedrático en Ciencias Jurídicas y Derechos Humanos, recuerda que los procesos de paz demoran años porque incluyen muchos factores, especialmente si hay problemas estructurales.

“En un proceso de paz no hay respuesta de cinco minutos. La paz es cara, cuesta y cuesta años. Es eso o nos enfrentamos a otra masacre, ese es el tema que hay que solucionar”.

Curbelo recuerda además que el acuerdo debe darse en seis agrupaciones con sus respectivas ramificaciones distribuidas en todo el país.

“El acuerdo requiere conversaciones para un trato con condiciones. Y en caso de no cumplimiento, un castigo. Pero son cinco, seis grupos y no solo en la penitenciaría, sino en las demás cárceles del país y en las calles. Eso depende de que todos los que integran el grupo X respeten el acuerdo, y lo mismo con el grupo Z, con sus respectivos subgrupos”.

Guerrero agrega que más allá de la posible coincidencia que se alcance entre las organizaciones delictivas, es un trabajo que debe incluir desbaratar el negociado que existe.

“Hay más de 40.000 personas cautivas en una economía ilegal que mueve cientos de millones de dólares al año. Lo que tienen que hacer es empezar con el censo, reunir a los líderes de los grupos y romper los lazos culturales que hay dentro de las cárceles, como ritos, pintadas, vestimenta identificativa. Todos somos iguales frente a la ley y esas acciones son una muestra y acción de cambio”.

Entre los otros requerimientos de los privados de libertad está el acceso a servicios de salud y la atención urgente a tratamientos psicológicos.

“Es curioso que los privados de libertad pidan atención psicológica. Ellos son conscientes de que están traumatizados, la gente está algo asustada. Eso me parece muy importante, porque se puede trabajar con los municipios del país, para ver qué pueden hacer, porque esto es un problema de todos”, manifestó Curbelo.

EXPRESO solicitó al Ministerio de Salud Pública el número de psicólogos que trabajan en las cárceles del país y hasta el cierre de esta edición no ha dado el dato exacto. No obstante, respondió mediante correo electrónico que existen 731 psicólogos, pero distribuidos en todas las casas de salud en sus distintos niveles y en los centros de tratamiento para personas con problemas de adicciones.

Sin embargo, de acuerdo con el informe del diagnóstico penitenciario presentado en abril de 2021, se detalló que un psicólogo está a cargo de al menos mil convictos y que en varias cárceles no hay siquiera especialistas dentro de la infraestructura.

Los demás requerimientos apuntan a la reducción del hacinamiento, educación, adecuaciones en la edificación y más competencias estatales. A criterio de Guerrero, en este punto se podría caer algún acuerdo.

Daniel Pontón, experto en seguridad, señala que el funcionamiento de la comisión es una “propuesta novedosa” y que según los resultados palpables “se puede destacar” que no se han generado nuevas masacres y sólo “pequeños episodios”. Considera que la estrategia de contención de violencia ha funcionado.

Pero alerta que se pueden desencadenar graves hechos violentos en un largo plazo si no se tiene cuidado con lo que se negocia en la actualidad con ciertos beneficios o mejoras y si no se toman en cuenta las posibles “jugadas en contra”en el presupuesto o financiación.

Curbelo, en cambio, se muestra optimista y dice que “la voluntad de los presos es lo que nos ha dado ahora una especie de paz. Creo que aún falta voluntad, pero se ven obligados a hacerla (la paz) porque después hay situaciones peores si se enfrentan. Se trata de una paz un poco forzada”.

Propuestas de la comisión de paz

Frente a la falta de tiempo, el grupo colegiado ha elaborado un documento con cuatro propuestas, a las que denomina “pasos para la paz”, porque son decisiones que “se pueden cumplir” si hay voluntad política, para de esta forma generar resultados positivos. El primero de ellos es la creación de cooperativas de trabajo para familias de los privados de libertad, con el fin de “dignificar” su reinserción en la sociedad y no se “vea solo” en la búsqueda de recursos para el círculo que lo rodea.

La segunda es la creación de una escuela penitenciaria, para capacitar adecuadamente a quienes decidan trabajar en las diferentes áreas de las cárceles.

El tercer punto tiene relación con la excarcelación y el reglamento de los beneficios penitenciarios. La iniciativa plantea un convenio con las universidades para que los estudiantes de Derecho realicen sus pasantías y permitan agilizar los trámites represados en los juzgados de Garantías Penitenciarias. De esta forma, apuntan a acelerar los trámites y descentralizar los procesos.

El cuarto punto tiene que ver con sentencias que no necesariamente tengan que cumplir condena dentro de prisión.