De acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos, recién desde 2022 Ecuador cuenta con su primera política pública para la atención a convictos. Pero para empezar, no tiene claro el número de privados de libertad en el país. El SNAI en noviembre les dijo que tenía 36.902 casos, pero en el mismo mes entregó su base de datos, que señala que existen 40.108. Cifra que puede ser verificada con el anunciado censo, pero este todavía no puede efectuarse porque no hay las garantías de seguridad para entrar y aún tiene que capacitarse al personal para poder cumplir la misión.

–¿Qué había antes de la política pública presentada?

–Hicimos una investigación y no hemos visto otra. La Corte Constitucional (CC) hizo un llamado muy fuerte a las funciones del Estado para que se cumpla con ello. El presidente Lenín Moreno presentó una, cuatro días antes de entregar el poder, pero su enfoque era muy seguritista y la CC dijo que no estaba bien hecha.

–¿De dónde saldrán los recursos para cumplir con la política pública penitenciaria?

–Son $ 27 millones, ya están financiados con el rubro asignado a cada ministerio según su competencia, sea Salud, Deporte, Cultura, etc. Esta es la prueba número 1 del presidente porque estamos haciendo todo lo posible para que no se registre otra masacre.

–Dice que se trabajará primero en salud, pero no cuentan con historia clínica y no se sabe mucho de ellos.

–Aquí tenemos algunos indicadores. Por ejemplo, con la vacunación se pudo obtener un diagnóstico muy muy preliminar de la condición de los privados de libertad.

–La normativa es la unión de las recomendaciones y tratados internacionales, ¿pero por qué no señala sanciones a las entidades y autoridades que no cumplan con sus funciones?

–No tenemos la competencia de sanción, solo la de formulación de la política pública. Esto está regulado en el Código Penal y pedimos a la Asamblea que se reforme el directorio del organismo técnico porque hay huecos muy grandes en la normativa.

–¿Pero qué será diferente esta vez? Porque el texto no garantiza el verdadero compromiso para cambiar la realidad.

–Para eso están los distintos mecanismos, desde la Asamblea, sanciones administrativas, políticas y penales. Ya empezamos a ejecutarla el mismo lunes 21 y a las 17:00 tuvimos la primera sesión de trabajo para poner en práctica las líneas de acción, que son 308.

–¿Cómo se medirá que están haciendo lo correcto?

–Todo el documento tiene un periodo de seguimiento y evaluación. Se harán cortes de información de las metas alcanzadas con los indicadores cuando tengamos los resultados del censo penitenciario. Eso nos va a permitir ajustar las metas y ejes planteados con la claridad que se necesita.

–¿Qué pasó con el censo? Todavía no se puede ingresar a los pabellones por falta de garantías de seguridad.

–Primero, estamos haciendo un seguimiento semanal de cómo avanza, está declarado en agenda como prioridad. Segundo, también dependemos de otras instituciones y de organismos internacionales.

–¿Pero por qué razón aún no se ejecuta?

–El censo ya está financiado con la cooperación técnica no reembolsable del BID, ya está el OK, eso está completo. El tema es que el SNAI y el INEC terminen de hacer la metodología apropiada. Para ello se están asesorando internacionalmente con organismos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea.

–Desde la declaratoria de emergencia se han tomado varias medidas, ¿pero por qué no se ven resultados tangibles?

–No se imagina el caos que es no tener todas las herramientas. Es una situación institucional supremamente compleja. No he visto en ningún país que se haya olvidado tanto el sistema de rehabilitación como aquí.

–Pero y los resultados...

–Yo espero que pronto.