Los organismos internacionales proyectan una caída del PIB, para fines de este año, entre 9,4 y 10,2 %. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía del país se recuperará un 6,3 % en 2021, siempre y cuando se implementen las medidas de ajuste propuestas. Por otra parte, el Banco Mundial proyecta para Ecuador cerrar el 2020 con un PIB de -7,4 %, con una proyección de 4,1 % para el 2021.

A esto se suma un déficit fiscal que para septiembre ha llegado a $ 4.066 millones, para cerrar el año en cerca de $ 8.000 millones.

En cuanto a niveles de inversión extranjera (IDE), tan necesaria para mantener un flujo de dólares que fortalezcan la economía, en el primer semestre de este año, registra un saldo de $ 329,6 millones y no se espera una recuperación de la IDE, que el año anterior llegó a $ 946,2 millones. Más aun, esta inversión solo se ha concentrado en dos sectores de actividad económica: minas (28,5%) y servicios prestados a las empresas (52,48 %). Considerando la inestabilidad que vive el país, lo que afecta severamente la percepción de los inversionistas extranjeros y la afectación en el índice de riesgo país, el mismo que en septiembre 24 registró 2.012 puntos, al cierre del mismo mes, 1.015 puntos y cerrando la segunda semana de octubre en 959 puntos. En los sectores que más deben llegar a una pronta reactivación, como lo son la agricultura, turismo y construcción, no se espera una mayor variación. Estos sectores son muy importantes en lo que concierne a la generación de empleo.

Otro problema lo representa el sobredimensionado nivel de endeudamiento del país. La deuda pública, a agosto 30 de este año, es de $ 59.264 millones. A esto se agregan $ 6.095 millones por concepto de otras obligaciones y $ 7.000 millones de pagos vencidos con el IESS. Así se registra un total de $ 72.395 millones, lo que se traduce en un 76 % del PIB. Esta deuda se vuelve impagable si la economía ecuatoriana no llega a recuperarse en un mediano plazo.

Otro problema es el nivel de desempleo en el país. Si bien el INEC, según la encuesta realizada por la Enemdu (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo), para septiembre 30 de 2020, se estableció una tasa de empleo adecuado del 32,1 %, con un 6,6 % de desempleo y una tasa de 23,4 como subempleo. Sin embargo, las cifras del IESS, de acuerdo al reporte a julio, registran 278.540 afiliados contributivos menos, entre marzo y julio de 2020. Por otra parte, entre enero y julio de 2020 se registraron 295.678 desafiliaciones contributivas. La cifra ya podría bordear los 300.000. Según otros cálculos extraoficiales, la tasa de desempleo estaría ubicándose en niveles del 13,2 %.

Como se evidencia, el escenario para el nuevo gobierno es crítico. Se requiere aumentar los ingresos fiscales, pero la propuesta del FMI es subir el IVA del 12 al 15 %, reducir las exenciones de este impuesto en algunos casos. El objetivo es garantizar una mayor recaudación fiscal. Sin embargo, esto haría que la sociedad sea la que pague una elevada factura. Hay que recordar también que la demanda de consumo de bienes y servicios se vería reducida: baja el consumo, caen ventas, se deprime la producción, se reducen empleos y se crea temor en la inversión.

¿Qué tendría que hacer el nuevo mandatario? Sin duda alguna será una labor titánica el poner en orden las finanzas públicas y reactivar la economía.

Primero, hay que racionalizar el gasto público, focalizándolo a sectores prioritarios. Es vital una reducción del tamaño del Estado, privilegiando salud, educación y seguridad interna. El gasto público debe reducirse en un mínimo de 10 %.

Para incentivar la inversión extranjera es necesario incurrir en una reforma tributaria adecuada, procediendo a la eliminación progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas, dado que genera unos $ 950 a 1.000 millones anualmente y eliminarlo total y repentinamente afectaría severamente a los ingresos fiscales. Además, se debe garantizar la estabilidad jurídica, otorgando así estabilidad al inversor. De igual manera hay que proceder con una reforma laboral, que permita la flexibilización en las contrataciones, pero sin violentar derechos de los trabajadores.

La reforma laboral podría también facilitar la contratación con horarios flexibles, para apoyar a jóvenes. El país necesita producir las 24 horas, con tres turnos de trabajo. Esto contribuiría a recuperar el PIB a niveles prepandemia o incluso mayores. Se requiere incrementar tanto la producción como la productividad. La generación de empleo es vital para una pronta recuperación, tanto económica como social.

La democratización del capital social de algunas empresas públicas contribuiría a fortalecerlas con un mejor manejo, mucho más eficiente y volverlas rentables, reduciendo así la carga para el Gobierno. Ya se han liquidado ocho empresas públicas de las 23 y hay que analizar una por una su viabilidad para ser rentables; de no serlo conviene su liquidación inmediata.

La internacionalización de la banca de manera que se tenga acceso a créditos con menores tasas de interés y a un mayor volumen de préstamos. Hay que atraer la banca extranjera simplificando ciertas regulaciones, permitiendo la libre circulación de capitales mediante una reforma tributaria especial, que convierta al país en un centro financiero regional.

Una reforma arancelaria, de manera que se contemplen reducciones arancelarias a la importación de determinados bienes de capital y tecnología y para la importación de insumos destinados a la actividad industrial. Es vital para el Ecuador una potencialización de sus industrias, de manera que estas puedan ofrecer sus productos a un precio menor y de mejor calidad que aquellos importados. Así se reduciría el nivel de importaciones, las cuales se convierten en una salida de divisas. Asimismo, deben buscarse nuevas alianzas comerciales, tratados bilaterales de inversión.

Por otra parte, hay que incurrir en una reforma a la seguridad social, mediante una reestructuración integral del IESS, fortaleciendo también la participación de la sociedad en la integración del Consejo Directivo, de manera que realmente represente los intereses de los afiliados.

El país necesita reformas urgentes, no solamente económicas sino también políticas y sociales. El nuevo gobierno tendrá una ardua tarea, pero lo primero que tiene que generar es credibilidad. Caso contrario, no podrá implementar políticas adecuadas que conduzcan al país hacia una pronta recuperación.