Que aproximadamente 70 % de los integrantes (24 de 36 magistrados) de la Corte Nacional de Justicia, institución encargada de administrar justicia en el país, hayan sido descalificados por no alcanzar el puntaje mínimo necesario para continuar en funciones; y que la Fiscalía deba iniciar una investigación penal en la que se involucra a dichos jueces y conjueces, evidencia la grave crisis que atraviesa nuestro sistema judicial.

El informe de la Mesa de la Verdad y la Justicia denuncia postergaciones indefinidas de recursos de casación, uso de formatos preestablecidos para emisión de condenas, sentencias idénticas para procesos distintos, ratificaciones de inocencia pese a existir evidencias en contra de los procesados o argumentos para decisiones judiciales sustentados en leyes que no guardan relación con lo investigado. Son fallas y acciones inadmisibles en quienes detentan tan alta responsabilidad, pues denotan incapacidad y negligencia, por no hablar de politización de la justicia.

Los nuevos magistrados deben ser seleccionados con total transparencia, y en función de una trayectoria incuestionable y de una demostrada competencia e independencia de cualquier vínculo político. Sin seguridad jurídica, Ecuador no tiene posibilidad alguna de salir adelante.