La presidencia de la República aportó la ‘prueba’ que faltaba a la Contraloría para pedir la vinculación del expresidente Rafael Correa en la investigación por la negociación del bloque petrolero Singue, en 2012, que habría reportado pérdidas para el Estado.

Como en todas las denuncias de corrupción previas, el exmandatario asegura que no sabía nada. La entidad de control tenía sospechas sobre el nivel de acceso que Correa tuvo a los términos de la negociación. Le faltaban los documentos para probarlo.

La Contraloría asegura que en la negociación para pasar del contrato de Campos Marginales a prestación de servicio con el consorcio DCG (empresas Dygoil y Gente Oil) hubo en perjuicio para el Estado de $ 5,2 millones. Por este caso, estableció responsabilidades civiles y penales, por ejemplo, contra el exvicepresidente, Jorge Glas.

Correa se había beneficiado, hasta ahora, de otro caso de “documentos perdidos”.

Los auditores de Contraloría sabían que Dygoil había informado al exmandatario de la negociación: tenían una copia simple del oficio. El Ministerio de Hidrocarburos les dijo que “no lo posee en sus archivos”. La empresa dijo que “no hemos podido verificar la veracidad del texto (...) por cuanto la copia original que reposaba en los archivos de Dygoil ha sido sustraída, práctica muy usual hoy en día”.

Así, la Contraloría llegó hasta la presidencia. El 30 de enero, Pablo Celi, contralor subrogante, pidió al presidente Lenín Moreno certifique la autenticidad del oficio 018-DYG-2011-YG, del 26 de enero de 2011, enviado a Correa. El 2 de febrero, Johanna Vásquez, directora de Gestión Documental, respondió enviando una copia certificada del oficio “cuyos documentos originales reposan en los archivos de la presidencia de la República”.

En la carta, César Guerra, representante de la petrolera, cuenta a Correa que durante la negociación por el campo Singue habían acordado una tarifa de explotación de $ 29,3 por barril producido. Según él, se trataba de una cantidad “no exorbitante (...) y que conlleva el concepto de justicia (precio justo) y equidad”. Pero también contaba que el ministerio les pedía una garantía adicional del 20 % de las inversiones para firmar el contrato. Le pedía que se reconsidere esta última decisión.

A la Contraloría le llaman la atención dos cosas. La primera, si en la negociación se acordó una tarifa de $ 29,3 ¿por qué el contrato se firmó por $ 33,5? La segunda, que Correa conocía de los hechos. Por eso, el 1 de marzo, Celi pidió a la Fiscalía incorporar al exmandatario como parte de la investigación. Si no lo señaló antes, insiste, es porque le faltaban las evidencias.

Glosas

El caso del bloque petrolero Singue, es uno de los nueve auditados por la Contraloría, respecto de obras y proyectos del Gobierno anterior, que terminaron en la emisión de glosas. En total, por esos hechos la entidad de control busca recuperar unos 490 millones de dólares.

Defensa

“El informe final de Singue fue aprobado el 1 de agosto de 2017. ¿Cómo es que un año después Contraloría sigue “investigando”? Se sienten tan impunes, que ya no guardan ni las formas. Hasta opositores han demostrado que el “informe” es una cantinflada”, dijo ayer Rafael Correa.