Se busca que las denuncias no caigan en saco roto. A cuatro meses de que concluya la gestión del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, el organismo estudia los mecanismos para que las denuncias ciudadanas sobre posibles casos de corrupción no se queden únicamente en eso.

Desde marzo pasado, cuando tomó posesión el Consejo transitorio, hasta octubre, han llegado a esta instancia 3.538 quejas, entre denuncias y pedidos: casi tres veces más de lo que se receptó en todo el 2017 con el Consejo que fue cesado en la consulta popular del 4 de febrero.

De esto, 1.200 corresponden a los reclamos que presentaron los ciudadanos en contra de los funcionarios que fueron sometidos al proceso de evaluación que terminó con su cesación. Los restantes 2.338 tienen que ver con indicios de actos de corrupción en diferentes instancias estatales. Se busca dar una respuesta a todos.

La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación propuso la aplicación de tres medidas inmediatas para que las denuncias no pierdan vigencia. Lo primero es reformar el reglamento de denuncias vigente.

Con esto se busca que a los casos que lleguen hasta esta entidad se les dé un real tratamiento de tipo procesal, que incluye la obligación de que los técnicos anticorrupción elaboren un plan y una metodología que marque una hoja de ruta en la investigación y dé a los consejeros de Participación elementos para determinar hasta qué instancias deberá llegar la denuncia.

En este sentido, el Consejo derivará los reclamos que no estén dentro de su área de competencia, con el compromiso de mantener un equipo de seguimiento. “Los resultados de todas y cada una de las denuncias derivadas a otras instituciones deberán reflejarse en los Informes de Rendición de Cuentas que, de manera obligatoria, deben presentar los organismos estatales, al menos una vez por año”, explicó el organismo en un comunicado.

En junio pasado el Consejo transitorio, a través de la entonces secretaria técnica de Transparencia, María Arboleda, hizo una denuncia en la Fiscalía en contra de Mariano Zambrano, a quien la Contraloría del Estado le ratificó la destitución como prefecto de Manabí en octubre pasado, y de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. Ese caso está en investigación.

En tanto que se formó una comisión especializada que analizará cada una de las 1.200 denuncias que se presentaron durante la etapa de evaluación, para definir cuáles pueden ser abordadas por el Consejo de Participación y cuáles deberían ir a otros organismos de control, como la Fiscalía o la Contraloría. El Consejo de la Judicatura es la institución que encabeza la lista de reclamos, con 708. Le sigue, de lejos, la Fiscalía, con 125 quejas.

Semana de impugnaciones

El concurso para conformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) titular entra en su etapa decisiva.

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio prevé desarrollar mañana las audiencias de impugnación ciudadana a los aspirantes.

La semana pasada este organismo aprobó el informe de impugnaciones presentado por la Comisión Técnica Ciudadana de Selección (CTCS).

El documento de la Comisión recomendó admitir a trámite cuatro reclamos. Blanca Velasque acumula dos impugnaciones contra su candidatura, en tanto que Camila Moreno y Luis Fernando Verdesoto afrontan una impugnación cada uno.

Los postulantes que superen esta fase irán a una audiencia de oposición, etapa que no estaba contemplada en el reglamento de selección del Consejo Electoral.