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Los delitos han alcanzado a los jueces

La Fiscalía ha investigado a judiciales por denuncias de corrupción relacionadas con peculado, cohecho, enriquecimiento y prevaricato

HENRY CALIZ
El juez de la Corte de Pichincha Henry Caliz es investigado por la Fisclaía. Dice que presentó pruebas de descargo del delito imputado.Archivo

De juzgadores a juzgados. Los jueces llamados a juzgar delitos como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito o prevaricato, en algunos casos, se han visto involucrados en esos ilícitos. Otros han sido contaminados por hechos de narcotráfico.

Eso ocurrió en Manabí en 2018. Las sospechas se dirigieron a una fiscal y a una jueza. Y no se ha tratado solo de jueces de primera instancia. Las posibles irregularidades han salpicado a jueces de salas de cortes provinciales y hasta a un expresidente de la Corte de Guayas.

Se trata de Gabriel Manzur, investigado por posible enriquecimiento ilícito. La instrucción en su contra y de Silvana Valladares se cerró a finales de septiembre. El director de la Judicatura, Pedro Crespo, reconoció la firma de la acusación particular y la jueza Dilza Muñoz anunció que convocará a la audiencia preparatoria de juicio.

En junio, la Fiscalía presentó 42 elementos de convicción que involucran a los procesados en el delito. La fiscal Diana Salazar dijo que el funcionario, abusando de su cargo en coordinación con Valladares, incrementa su patrimonio de manera injustificada.

El 29 de julio, el juez de la Corte de Pichincha, Henry Cáliz, recibió cargos también por posible enriquecimiento ilícito. El juez, al momento suspendido, niega las acusaciones. Considera que ha desvirtuado los elementos de cargo durante la instrucción fiscal.

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Entre los elementos de descargo cita un peritaje. Entre las conclusiones establece que los ingresos de Cáliz provienen de las entidades públicas en las que ha trabajado o de entidades financieras, clientes, familiares y la empresa de su propiedad.

El 3 de febrero, los jueces Wilman Terán, Iván Saquicela y Daniella Camacho condenaron a un año al exjuez de Pastaza, Aurelio Quito, por cohecho.

La Fiscalía demostró que el exjuez ofreció 40.000 dólares al exjuez de la Corte de Pastaza, Jhon Álava, para que ratifique un fallo en una acción de protección por el caso río Piatúa. Quito ha recibido dos negativas de la Corte para la suspensión condicional de la pena, ya que la modalidad y gravedad de la conducta son indicativos de que existe necesidad de la ejecución de la pena.

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Ninfa Benalcázar y Cristóbal Macías, exjueces de Manabí esperan sentencia por peculado en el caso del exsecretario de Senagua, Walter Solís. Hay seis procesados por el pago de honorarios de abogados particulares con recursos públicos.

Al juez de Guayas, José Gerardo Tamayo, se lo investiga por posible prevaricato al modificar la sentencia de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’. Su decisión le permitió acceder a la prelibertad y salir de la cárcel. Los cuestionamientos también se dirigieron a la jueza de Cotopaxi, Beatriz Benítez, que le otorgó la prelibertad.

El exjuez de Pichincha, Luis Fernández, opina que hay que ver el origen de los nombramientos porque durante el correísmo “se dedicaron a perseguir a los jueces honestos que administraban correctamente la justicia”. Destaca que a esos judiciales, la mayoría de carrera, se los mandó fuera por medio de destituciones y hostigamiento y cree que en su lugar se ve a “gente obsecuente con el poder corrupto y eran una banda de delincuentes que se tomó la Función Judicial”.

El exvocal de la Judicatura, Juan Pablo Albán, presentó una propuesta para el combate a la corrupción, se aprobaron cuatro resoluciones, pero no se implementaron. Querían crear una mesa para investigar actos de corrupción de los operadores de justicia en el correísmo y en fechas posteriores. Según él, hay que blindar más a los operadores de justicia que trabajan en ese ámbito para que no sean objeto de presiones, investigar sus antecedentes y los activos de ellos y sus familiares.

El vocal del Consejo, Juan José Murillo, indica que están procesados y ese es ámbito jurisdiccional en los cuales intervienen la Fiscalía y los jueces. El Consejo, dice, cumplió con sus competencias en el ámbito disciplinario y administrativo.

Entre 2019 y 2020 el pleno destituyó a 56 jueces por siete infracciones. La mayoría por manifiesta negligencia, error inexcusable, solicitar o recibir préstamos en dinero o bienes, abandonar el lugar de trabajo o no suscribir un fallo.

Ellos son parte de los 116 sancionados. Según datos del organismo hubo 35 jueces suspendidos por dejar caducar la prisión, falta de motivación, violación de derechos y garantías y negligencia. Hubo multas para 18 jueces por faltas injustificadas de puntualidad o atraso al trabajo, agresión y negativa o retardo injustificado del servicio. Un juez fue amonestado verbalmente por atrasarse hasta una hora en un mes de trabajo.