No dejar cabos sueltos

La destitución del ubicuo expresidente de la Asamblea Nacional -AN, no puede ser para el gobierno Moreno una acción gatopardista, “cambiemos algo para que no cambie nada”, ya que esa práctica político-institucional a la postre le pasará una pesada factura, la cual no solo cuestionará su gestión en general, sino también los referentes prodemocracia establecidos, como la acertada labor de la Comisión de Participación y Control Social Transitoria, la discontinua lucha contra la corrupción e impunidad, el nuevo modelo económico para salir de la crisis y multiplicar el empleo, entre otros.

La elección de presidenta de la AN, de Elizabeth Cabezas, por una mayoría absoluta de asambleístas de diferentes partidos, plantea una mayor democratización de lo político concreto y cotidiano, y la posibilidad de llegar a acuerdos legislativos para fortalecer la gobernabilidad democrática, lo que no se ha dado desde 2008 y que Serrano tampoco permitió. En democracia se debe reconocer a la oposición dándole responsabilidades y tareas en una gestión compartida y corresponsable. En esta perspectiva, la nueva presidenta debe comenzar por el principio: concertar con su base de apoyo -84 asambleístas- una agenda legislativa para legislar y fiscalizar, con prioridades y calendario. Y a continuación impulsar una nueva correlación de fuerzas en la AN, a través de la conformación del CAL y de las comisiones permanentes, que desentrampen y soslayen el cansino e inocuo debate entre correístas y morenistas, ya que hay urgentes problemas de Estado que deben atenderse y que tienen una gran repercusión sobre la economía y la sociedad. Por ejemplo, en el informe borrador presentado el 14 de este mes por Contraloría, la deuda pública hasta diciembre del 2016 fue el 52 % del PIB, superando el límite constitucional del 40 %; por primera vez en una década estos datos se hacen públicos y destacan las inconstitucionalidades en las que incurrió al respecto el anterior y el actual gobierno; y nos alerta sobre cuestionamientos a la propuesta económica que trabajan los ministros Campana, García y Viteri. No dejar cabos sueltos entre AN y Ejecutivo.