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La Defensoría del Pueblo pasa del desdén a la disputa política

Lo que diga o deje de decir el organismo puede ser usado por uno u otro bando. Especialistas consideran que la dirección debe recaer en manos técnicas

Defensoría- pugna- intereses
En la defensoría del Pueblo se labora en medio de la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días.Ángelo Chamba/EXPRESO

Una entidad que ha crecido en relevancia con el tiempo. La disputa por la subrogación de la titularidad de la Defensoría del Pueblo continúa y ha hecho que más de una institución se incline por una u otra de las aspirantes. Los pronunciamientos, pero también los silencios, que pueda tener este organismo han contribuido a incrementar su atractivo.

Hasta ayer, Zaida Rovira se mantenía como subrogante del defensor Freddy Carrión, quien permanece en la Cárcel 4 de Quito, mientras se lo investiga por un presunto delito sexual. Pero, amparada por un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la venia de Carrión, Tania Castillo hacía trámites para lograr que se concrete su titularidad.

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Ambas, se acusan que por la situación que han generado no han podido trabajar al 100 %, dejando sin la tutela de sus derechos a varios ciudadanos que están ajenos de los avatares de la política.

¿Por qué es relevante el control de la Defensoría? El abogado constitucionalista Salim Zaidam considera que la institución que debería ser la encargada de velar técnicamente de los derechos humanos ha dado un giro hacia el desgaste y cuestionamiento de autoridades que no son de su línea y ser contemplativos con aquellos que comparten ideas.

“Es lamentable que la entidad creada para ser una institución cercana a los ciudadanos haya terminado como una cercana al poder político. Claramente puedo decir que la Defensoría del Pueblo es un reducto correísta”, señaló Zaidam.

Una de sus intervenciones recientes más relevantes se produjo en marzo pasado cuando se emitió el informe de la Comisión de la Verdad sobre las protestas de octubre de 2019. La conclusión fue que el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno pudo haber cometido delitos de lesa humanidad, algo que fue calificado como subjetivo, errado y sesgado por parte de autoridades militares y policiales que intervinieron para contener las manifestaciones.

Sobre la violenta actuación de los manifestantes que retuvieron personas, destruyeron bienes públicos y privados, el informe contiene unas pocas líneas en las que señala a la Fiscalía como la responsable de la investigación.

El especialista en derecho constitucional, Iván Castro Patiño, dice que justamente ahí radica el valor que ha ido adquiriendo esta institución porque sus pronunciamientos pueden no gustar a las autoridades de turno o favorecer a otros grupos.

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“Recordemos que al inicio, cuando fue creada, se decía que era una entidad que no iba a tener importancia, que no se ajustaba a la realidad nacional, pero la Constitución le otorga un papel relevante y siempre que estén en juego los derechos amparados en esa Constitución habrá intereses políticos”, señaló Castro.

Zaidam dice que esta entidad debería estar a cargo de técnicos en temas de derechos humanos y no en manos de personas que tiene una cercanía con determinados grupos de poder.

Recordó a EXPRESO que durante el último concurso para la elección de defensor del Pueblo fue parte del equipo académico que elaboró los cuestionarios y calificó las pruebas rendidas por los aspirantes. “Las calificaciones no fueron las mejores y los participantes dejaron mucho que desear”, señaló.