Este martes 21 de marzo hubo otra vez bala en la zona minera de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Un grupo de mineros ilegales que había huido hacia el bosque, abandonando una camioneta con material minero en un punto de control en una carretera, contraatacó con rifles de asalto desde la espesura. Más tarde, unas cincuenta personas, según el parte policial, obligaron al convoy militar a replegarse y recuperaron lo incautado. El hecho ocurrió seis días después de que un operativo conjunto de policías y militares desmontara un centro de actividad minera clandestino en la zona de El Olivo, en el mismo cantón Urcuquí: un centro con cuatro piscinas de cianuración, una mezcladora y dos albercas de sedimentación, donde se hallaron quintales de cemento y arena, tanques de gas, canecas de gasolina y 400 sacos de material aurífero. Todo parece indicar que la minería ilegal ha vuelto con fuerza a la zona donde hace casi 4 años, en julio de 2019, más de dos mil mineros fueron expulsados tras una auténtica batalla campal en la que se movilizaron 2.400 efectivos de la fuerza pública. Y este es apenas un capítulo de una historia que se repite en todo el territorio nacional: desde las selvas de Yutzupino, en la provincia de Napo, hasta los páramos de Molleturo, en el Azuay, la minería ilegal está aquí para quedarse.

Esta actividad (lo dijo este viernes Franklin Soria, periodista especializado en la materia, en una entrevista con Miguel Rivadeneira, de radio Democracia) “está por constituirse en un frente tan conflictivo para el Estado, como el narcotráfico. Tienen brazo político, tienen brazo administrativo con funcionarios enquistados en entidades públicas y, finalmente, tienen una exitosa campaña mediática”. No es una casualidad que el Gobierno nacional decidiera, el 24 de enero pasado, declarar a la minería ilegal como enemigo del Estado. Desde entonces, la guerra se ha recrudecido.

Lo de Buenos Aires era de esperarse: es el resultado de las resueltas acciones de, precisamente, el brazo político de los mineros ilegales en la Asamblea Nacional. Fue el asambleísta de Pachakutik Mario Ruiz (con el apoyo de 99 votos) quien gestionó, hace un año ya, las amnistías para doce mineros ilegales de esa zona, doce buenos amigos suyos a quienes ya representaba como abogado y a quienes hizo pasar, convenientemente, como “defensores de la naturaleza”. La historia de Ruiz es conocida: fue acusado por la empresa minera Hanrine de haberle exigido 80 mil dólares de retribución a cambio de permitirle operar en la zona que tenía concesionada; luego, su nombre apareció en un cuaderno de contabilidad incautado por los militares, como beneficiario de 85 mil dólares por concepto de honorarios por la defensa de un grupo de mineros ilegales, entre ellos, José Fraga Pergueza, uno de los amnistiados y pioneros en la estrategia de disfrazar la minería ilegal de ambientalismo: en principio se declaran enemigos de las grandes empresas concesionarias, les impiden trabajar en nombre de la defensa de los bosques y los ríos, obtienen así un gran respaldo social de ciudadanos y organizaciones de buena voluntad y terminan alzándose con las minas y operándolas ellos.

¿No es eso lo que está ocurriendo en Río Blanco?

Parroquia de Molleturo, provincia del Azuay: el proyecto minero de Río Blanco, operado por Ecuagoldmining, una compañía con capitales de China y Hong Kong, era uno de los llamados “proyectos emblemáticos” del correísmo y, al mismo tiempo, uno de los símbolos de la lucha ambientalista en defensa del agua y de los páramos. A pesar de algunos episodios de cruda violencia, con tiroteos y quema de patrulleros, la lucha de los comuneros de Molleturo logró captar la simpatía de la opinión pública del Azuay. Cuando la sentencia de un juez provincial mandó a cerrar la mina, se festejó como una victoria de la ecología y la naturaleza. Eso ocurrió en mayo de 2018. Los comuneros entonces pusieron controles en los caminos de acceso a las vías: nadie podía entrar sin su autorización. En octubre de 2019, Molleturo fue uno de los puntos más calientes del levantamiento nacional convocado por la Conaie: los comuneros incendiaron el campamento y tomaron control de la maquinaria que había quedado abandonada. Hoy, la fuerza pública continúa sin ingresar y la mina está siendo operada nuevamente. Pero no por la compañía sino por... ¡los defensores del agua! Mientras tanto, Ecuagoldmining ha demandado al Estado por falta de seguridad jurídica y ha calculada en 480 millones de dólares sus pérdidas por lucro cesante.

Esto de que la fuerza pública no pueda ingresar a los territorios donde operan los mineros ilegales es parte del ‘modus operandi’ de esta industria clandestina. Ocurre en Molleturo, donde militares y policías fueron expulsados en 2018. En Buenos Aires, donde cada incursión de los uniformados termina en balacera. En Sinangoe, a orillas del río Aguarico (provincia de Sucumbíos), lugar emblemático para la Conaie de Leonidas Iza, donde un caso de vulneración del derecho a la consulta previa condujo al reconocimiento oficial, vía sentencia de la Corte Constitucional, de la existencia de las hoy movilizadas guardias indígenas. Ocurre también en el territorio shuar de Morona Santiago, donde influyentes políticos de Pachakutik presionan a las autoridades de control para que permitan la operación de sus propias minas. Y en el cantón Ponce Enríquez (en el subtrópico azuayo, frontera con Guayas), donde el propio alcalde, Baldor Bermeo Cabrera, recientemente herido de bala en lo que pareció un ajuste de cuentas, practica la minería ilegal con maquinaria del Municipio. Así lo denuncia Santiago Correa, el único coordinador de la Agencia de Regulación y Control Minero que se atrevió a detenerlo, con tal mala fortuna que el mismo alcalde organizó un auténtico levantamiento popular que rodeó la sede policial de la localidad y fue transmitido en vivo por la combativa señal de su propio canal de televisión: la BBC, por las siglas de su nombre y sus dos apellidos. Bermeo también fue denunciado ante la Fiscalía por la asambleísta Sofía Sánchez, por financiar su campaña electoral con dinero sucio.

En resumen: ahí donde la minería ilegal prospera, el Estado pierde su soberanía. Esto es una guerra y en la guerra los movimientos no se dan gratuitamente. No es una casualidad que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, exactamente un mes después de que el Gobierno declarara la minería ilegal como enemiga del Estado, decidiera poner en pie de guerra y en “alerta máxima” a las guardias indígenas y declarar la “defensa territorial” frente al plan minero del Gobierno. Significa, por lo visto hasta el momento en todos los puntos de la geografía nacional, que el movimiento indígena está dispuesto a defender a sangre y fuego su pretensión de explotar de forma ilegal e incontrolada las minas que el Estado ha concesionado legalmente a otros. Y hacerlo en nombre de la defensa de la naturaleza, del agua y la ‘pachamamita’. Es, probablemente, el fraude ideológico más grande y nocivo de nuestro tiempo.

Nadie se hace cargo del daño

El pasado 1 de marzo, la publicación de un reporte de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) y la Fundación Ecociencia hizo sonar todas las alarmas. Una serie de fotografías y mapas satelitales puso al descubierto la realidad de la deforestación causada en la Amazonía por la actividad minera ilegal. En Yutzupino, a orillas del río Jatunyacu (provincia de Napo) la situación es dramática, en total, según el informe, 1.660 hectáreas de selva han sido arrasadas por la minería.

Ajena a todo tipo de controles y de sistemas de rendición de cuentas, la minería ilegal que ha ido sustituyendo a la legal en varios puntos del territorio ecuatoriano es significativamente más dañina, pues opera con materiales prohibidos, como el mercurio y el cianuro, y sin licencias ambientales ni planes de remediación.