El 8 de julio, Desde mi columna opiné que causaba alarma la declaración del subsecretario de educación en Quito, de que “en los últimos 4 años han investigado cerca de 340 profesores en el país, puesto que atentan contra la integridad física y psicológica de los estudiantes menores de edad”. También dije “que había que transparentar las cifras, respecto a cuántos han sido sancionados, cuál ha sido la pena, por qué falta o delito... para poder aplicar planes remediales con estadísticas confiables...”; esto con motivo de una grave noticia de ultraje a varios menores en un establecimiento de educación privada de Quito.

Por este incidente se emitió un acuerdo ministerial (23 de junio), estableciendo políticas para la contratación de personal en las instituciones educativas fiscomisionales y particulares (que ya existían), sin incluirse al subsistema fiscal o público, aduciendo que existían los suficientes controles, como si el acoso, maltrato y violaciones solo se produjesen en el sector privado.

Guayaquil está escandalizada por el caso de una institución fiscal o pública, donde se dice que hay más de cien estudiantes entre acosados o violados por cuatro profesores. Autoridades de educación han declarado que entre “2014 y lo que va del 2017, el Ministerio de Educación registra 882 casos de violencia sexual, dentro y fuera del sistema educativo”, lo cual es mucho más alarmante que la noticia proporcionada en el mes de julio; pero ¿qué se ha hecho para que los menores no queden en la indefensión?

¿Qué medidas se va a tomar para todos los colegios, fiscales y privados? ¿Qué ha pasado con esos 882 casos de que se ha dado noticia? ¿Cuántos autores, cómplices y encubridores han sido condenados, por qué delitos y cuáles son las penas impuestas? ¿Están cumpliendo esas penas? ¿Siguen enrolados en el sistema educativo los delincuentes? ¿Cuántos corresponden a la educación fiscal y a la privada? ¿Se aplican en el fisco las evaluaciones psicológicas?

Insisto, hay que transparentar las estadísticas, casos y acciones, para diseñar y aplicar planes remediales confiables, y así defender a los estudiantes.