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Decrete 707
Decreto. La decisión presidencial se anuncia en un intento de responder a la ola de eventos criminales en el país y particularmente en Guayaquil.Christian Vinueza

Decreto 707: Licencia para matarNOS

Análisis. El decreto 707 permite el porte y tenencia regulado de armas. ¿Qué esperar? Más muertos por armas, más armas ilegales y mucho más

El decreto 707, que autoriza el porte de armas a civiles, sólo va a conseguir que haya más muertos en Ecuador. No es muy difícil deducir que mientras más armas hay en un país, más muertes por armas habrá. Sin embargo, hay quienes que, con entendible preocupación, consideran que el hecho de poder andar armado, en su vehículo o en la calle, les va a brindar la protección que el Estado ha confesado no ser capaz de garantizar, pero créanme, ir armado no es la solución y les voy a decir por qué: La sensación de estar protegido es falsa; por más armado que esté, usted no sabe en qué momento un delincuente va a cometer un asalto en su contra. El delincuente ¡sí lo sabe! Porque lo ha pensado con anticipación y a usted lo va a tomar por sorpresa. Si ese delincuente tiene un arma va a ir directo a dispararle porque va a suponer que usted está armado. No le va a decir: “dame el celular o te mato”, no; tan solo le va a disparar y luego se llevará su celular.

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Otro punto en contra es que al haber más armas circulando también se va a incrementar la venta de armas ilegales, porque habrá muchas que se “pierdan” o que se “roben” de los almacenes que estén autorizados para venderlas, o de personas que obtuvieron el permiso.

También debemos estar preparados para ver cualquier cantidad de tiroteos. Imagínense al clásico bravucón o prepotente (en Ecuador hay bastantes), ya no resolverá su problema de tránsito o su pelea callejera dándose de trompones, ahora simplemente sacará su arma y le meterá un tiro al conductor que le chocó el automóvil o al que le vaciló a la novia en la discoteca. Luego dirá que fue en legítima defensa. O cualquiera que vea un robo se sentirá empoderado y actuará como si fuera policía y disparará sin tener la preparación para hacerlo.

86,3 % de aumento en homicidios registró Ecuador en 2022 en comparación con el 2021, según Insightcrime.org.
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Piensen en la violencia intrafamiliar. Un marido violento, armado, se convierte automáticamente en un asesino en potencia. Tan solo basta con mirar las estadísticas de asesinatos con armas, dentro de los hogares de policías.

Pensemos en los suicidios y accidentes. No son bajas las cifras de suicidios en nuestro país; cada día se suicidan 3 personas en Ecuador, lo que equivale a 7,42 personas c/100.000 habitantes (fuente: Datosmacro.com). El porte de armas va a facilitar que personas con depresión opten por el suicidio como una vía de escape. ¡Y los niños! Por más que usted esconda el arma o la guarde en un lugar que cree seguro, siempre habrá la posibilidad de que un niño la encuentre y decida jugar con ella, con fatales consecuencias.

25,9 homicidios por cada 100 mil habitantes registró Ecuador en 2022, superando a México con una tasa de 25,2.

A todo esto, hay que agregarle otros factores negativos, como la confusión que tendrán los policías para distinguir entre un delincuente y un civil durante un asalto en el que ambas partes están armadas, o la corrupción endémica en nuestro país, con lo cual será inevitable la aparición de permisos fraudulentos. El costo en la salud pública también va a aumentar porque habrá más personas heridas por armas de fuego. Y, finalmente, tan solo piensen en lo que sería una protesta popular a la que los manifestantes y/o infiltrados, vayan armados.

La solución no es dar armas a los civiles, sino desarmar a los delincuentes con un plan bien estructurado y posible. Simultáneamente debemos buscar el ideal de una convivencia pacífica a largo plazo, para ello es necesario tener una política educativa que proporcione más libros y menos armas. La educación es la base para convertirnos en mejores personas. Como dice el mismo decreto presidencial; la paz y la seguridad son derechos de los ciudadanos. Es deber del Estado garantizar esos derechos y no decirnos, ante su estrepitoso fracaso, que compremos armas para que seamos nosotros mismos quienes garanticemos nuestro derecho.

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