La Contraloría sigue en el ojo de la tormenta. Nueva información que llegó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, evidencia más aparentes irregularidades.

Al desvanecimiento de glosas a contratistas de Petroecuador, a la suspensión de las órdenes de trabajo por falta de viáticos o pedido de autoridades, se sumó la semana pasada una posible negligencia en la notificación de resoluciones civiles y administrativas que no habrían llegado a los destinatarios.

A eso se suman los cuestionamientos por la designación, desde la cárcel 4 de Quito, de Carlos Riofrío como subcontralor y autoridad subrogante de la Contraloría y los conflictos internos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) encargados de impulsar el concurso para designar a la nueva autoridad.

Esas son, entre otras, las razones que llevaron a Villavicencio a pedir al presidente Guillermo Lasso que declare en emergencia a esa entidad de control. Él se reunió por casi dos horas con el primer mandatario.

El excontralor Marcelo Merlo explica que no puede declararse en emergencia a la Contraloría porque tiene autonomía financiera y administrativa garantizada por la Constitución. Además señala que sigue funcionando y tiene que seguir funcionando. Se pregunta: ¿Qué sentido tiene que se declare en emergencia?

La jurista Lorena Grillo manifiesta que el control o decisiones sobre la situación de la Contraloría y Defensoría del Pueblo corresponden al Consejo de Participación Ciudadana, que es el órgano nominador.

Para ella, solicitar eso al presidente es pedir una violación a la independencia de poderes y excedería sus facultades.

Pero Villavicencio explica que la crisis de la Contraloría no se reduce a un problema administrativo de mal manejo solamente por parte de la máxima autoridad de control. Se refiere a la sospecha que ronda al excontralor Pablo Celi como parte de una posible estructura delincuencial conformada para el cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas de empresas contratistas del Estado como NoLimit.

Para el legislador, lo que pasa con la Contraloría es una crisis estructural, marcada por la existencia de una organización criminal, como la ha definido la Fiscalía, que opera en la entidad prácticamente a todo nivel.

Afirma que no es del último tiempo, sino que ha operado por lo menos en los últimos 15 años y funciona principalmente en los mandos medios, dice.

Para Villavicencio, todas las anomalías dejan ver que no es solo una estructura que se mueve en la cabeza, sino que está tomada la Contraloría y “existe acción coludida con el Ejecutivo (no el actual) y las empresas públicas”.

El abogado Cristóbal Buendía aclara que la declaratoria de emergencia es un régimen especial de contratación pública que lo que hace es excepcional a las instituciones públicas para que puedan contratar sin tomar en cuenta los procedimientos de contratación ordinarios. Afirma que esa es una institución que jurídicamente no cabe para temas de corrupción o de ese tipo.

Menciona que la Contraloría es parte de la Función de Transparencia no de la Función Ejecutiva y el presidente no tendría competencia sobre esa entidad. Quien podría tomar acción por un ejercicio de control político es la Asamblea, añade.

La exsecretaria de Transparencia del Consejo de Participación Transitorio, Marcela Estrella, opina que la emergencia es de doble filo, pero eventualmente puede ser válida y necesaria, siempre que vaya de la mano de un plan de reinstitucionalización que implique la evaluación de los funcionarios.

Cree que no pueden seguir dentro de la dependencia quienes tuvieron algún tipo de participación en elaboración de auditorías irregulares. Piensa que hace falta una veeduría internacional, con el fin de transparentar el punto anterior y un debate masivo en torno a toda la crisis que atraviesa la institución con actores de la academia. El subcontralor Carlos Riofrío llamó a no generalizar.

INTERPRETAR LA LEY

La consejera de Participación Ciudadana, Ibeth Estupiñán, señala que de parte de ese organismo ya solicitaron acciones a la Asamblea.

El 3 de julio solicitaron una ley interpretativa al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría y “podamos salir de este vacío normativo que existe en la ley y la Constitución para encontrar una solución”.