La actitud del bloque legislativo de Alianza PAIS es, hasta ahora, un serio obstáculo para la gobernabilidad. Sus voces más protagónicas lanzan declaraciones que reflejan una posición de claro corte fundamentalista, se alinean con la decisión de no reconocer otro líder que Rafael Correa y no aceptan que, una vez electo Lenín Moreno, este se ha convertido en el presidente de la República y, en consecuencia, en el mandatario de todos los ecuatorianos. Es tal la limitación de esos legisladores que no alcanzan a distinguir en la ciudadanía llana el fortalecimiento de una convicción: de que, para el despegue de esta nueva etapa, es imprescindible desmontar de manera inmediata los obstáculos que impiden la recuperación de la democracia, la ejecución de las medidas orientadas a impulsar el desarrollo económico, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y el castigo de los culpables en los múltiples casos de corrupción y latrocinio.

Este hecho debe ser interpretado de modo riguroso por el Ejecutivo. El presidente, en consecuencia, no puede actuar a partir de la dinámica en que se enfrasca su organización partidaria, sino definir una estrategia que tenga, en los diversos sectores sociales, los fundamentos de su fortaleza y la garantía de resultados concretos en su gestión. Por ello la iniciativa de una lucha sostenida y perseverante contra la corrupción, que viene desarrollando la Comisión Ciudadana, integrada por personalidades y organizaciones de probada ética, se constituye en uno de los puntales sobre los que debe actuar el primer mandatario, si quiere en verdad sintonizar su acción con las demandas y expectativas de la sociedad ecuatoriana.

El destino del país, la paz colectiva y la necesidad de avanzar, no pueden depender de comportamientos soberbios, de agresivas retóricas ni de infantiles retobos. Frente a ellos lo único que cabe es la firmeza, la madurez y la responsabilidad rigurosa desde la dirección del Estado, para definir un ejercicio de poder responsable, frontal y decidido.