Un procedimiento que genera interpretaciones. La decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de devolver el proyecto de Ley para la Creación de Oportunidades al presidente Guillermo Lasso mantiene vivo el debate sobre si esa instancia actuó correctamente o se atribuyó funciones.

La discusión se divide entre aquellos que consideran que el CAL lo único que debía hacer es calificar la propuesta para que sea debatida en una de las comisiones legislativas para que luego decida el pleno; y los que creen que los siete integrantes, guste o no, tienen la potestad de frenar el trámite en ese nivel, sin que aquello signifique haberlo negado.

El abogado constitucionalista Ismael Quintana recordó que la Ley de la Función Legislativa es la que le entrega al CAL la potestad de calificar o no los proyectos de ley si no se cumplen los requisitos de la Constitución y las reformas aprobadas en 2020 le dan la posibilidad de rechazar proyectos, argumentando vicios de inconstitucionalidad.

“Eso está en la ley, que me parece que es inconstitucional, pero hasta que no se diga lo contrario, goza de vigencia. Acogieron el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que no se queda en la revisión de los requisitos, sino que va más allá y termina diciendo que no hay que calificarlo porque en el fondo viola normas constitucionales”, señaló.

Hasta ayer, el Gobierno no tomaba una decisión sobre el camino que seguirá una vez que su propuesta fue devuelta y no superó siquiera el primer filtro de la Asamblea. El jueves, el presidente Lasso anunció que llevará a cabo una “batalla democrática” para defender el proyecto, pero no ha explicado en qué consistirá la defensa.

El constitucionalista André Benavides reconoció que el CAL tiene la posibilidad de no tramitar un proyecto si este no cumple requisitos como la unidad de materias, que es de lo que se acusa al documento del Ejecutivo. Incluso, considera que la UTL tiene capacidad asesora para determinar posibles inconstitucionalidades sin que esto signifique arrogarse funciones de control constitucional, asignadas a la Corte Constitucional.

“Al Gobierno le quedan algunos escenarios. El primero es corregir los defectos a la misma ley enviada, pero los bloques legislativos ya han advertido que lo volverían a rechazar si el contenido es similar. Incluso, podría presentar dos proyectos urgentes en materia económica y en materia laboral, bajo una declaratoria de estado de excepción”, señaló Benavides.

Sin embargo, hay un tema que preocupa por igual a los dos constitucionalistas consultados por EXPRESO. Quintana manifestó que varios analistas están interpretando que el CAL bloqueó la iniciativa oficial y que se atribuyó funciones, por lo tanto siguen corriendo los 30 días de plazo que tiene la Asamblea para pronunciarse para que entre en vigencia por el ministerio de la ley.

Benavides, por su parte, considera que la decisión del CAL no allana el camino para que el Gobierno llame a una consulta popular. “Eso no es así. El Código de la Democracia establece como requisito para convocar a una consulta popular la negación por parte de la Asamblea y este no es el caso. La única instancia que puede negar proyectos es el pleno del Legislativo”.

Mientras tanto, ayer el bloque de CREO pidió respeto a los jefes de Izquierda Democrática (ID), Partido Social Cristiano, Unión por la Esperanza y Pachakutik, que la noche del jueves emitieron un comunicado sugiriendo al Gobierno que no insista en un proyecto de ley como Creando Oportunidades y de plano recomendando que mejor convoque a una consulta popular.

El legislador oficialista Juan Fernando Flores les recordó que el Gobierno llegó con el respaldo de la mayoría de ecuatorianos y, por lo tanto, no pueden marcar la línea de su gestión como estarían pretendiendo.