Varias teorías flotan en el ambiente. La de la partida anticipada -planteada por el columnista Simón Pachano- tiene un asidero bastante lógico: el presidente se despidió con antelación, diciendo que este sería su último informe. Raro. La Constitución establece entre sus deberes (art. 144.7) la obligación de “presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo...”. No hacerlo -respecto de su ejercicio del año 2016- es una trasgresión expresa de la Constitución. Además es su última oportunidad de demostrar que esta fue la década ganada (después explicaré por qué coincido con él en esta expresión) y no una década perdida, como han sostenido algunos pesados de la prensa. La única explicación plausible sería su partida anticipada, pues solo si no está en el país es admisible la negativa de rendir el informe anual a la nación. Y ahí es donde aparece el subconsciente de doña Gaby, quien reiteradamente se refiere a sí misma como la presidente de la República. Obviamente, cualquiera puede cometer un error. Pero dos veces denotan una idea fija y cierta ansiedad frente a la expectativa: si el mandatario no está aquí al fin del período, Mr. Glas –su subrogante- deberá renunciar para ser el candidato de AP (arts. 113.6 y 114 CRE) y doña Gaby lo reemplazaría, cumpliendo así el anhelo de presidirnos. Analicemos entonces su gestión: hacer leyes es su trabajo, ¿no? Según la Constitución, los proyectos de ley se los presenta “con la... exposición de motivos”. Y si no cumplen este requisito, no se tramitarán. Salvo raras excepciones, las leyes carecen de este elemento. Son inconstitucionales. Ahora entiendo al jefe: para personas como “querido Alex” y doña Gaby, que ganaron buenos sueldos, lindas casas y otras cositas, esta fue la década ganada. Para el país -al menos en legislación- fue la década perdida. ¿Cuánto nos cuesta al año la Asamblea? Sesenta millones. ¿Cuánto toda la década perdida? Multipliquen. ¿Ella presidente de la República? Ni pensarlo. Nos hizo botar cientos de millones en leyes que no sirven para nada.

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