Las cárceles de América Latina están entre las más peligrosas del mundo. Para los presos, sobrevivir es una lucha constante. Cada país tiene un modelo de rehabilitación, cuyos resultados son más o menos exitosos.

En Colombia, por ejemplo, los líderes y organizarse en bandas están prohibidos. Sin embargo, siempre surgen facciones que quieren imponer su poder. Ellos son aislados en celdas individuales, cuya aplicación es criticada por las organizaciones de DD.HH.

En la cárcel Distrital, en Bogotá, viven alrededor de 960 presos. En cada acceso de personas hay arcos de detección de metales. Tiene cuatro torres de vigilancia, perros para detección de drogas y cámaras de vigilancia. Las puertas por donde circulan los presos y los guardias están sincronizadas electrónicamente. Una puerta no se abre hasta que las otras estén cerradas. Todos los presos están uniformados y cada día deben asistir a alguno de los 18 talleres, educativos, ocupacionales, productivos y deportivos.

Jairo García, exsecretario de Seguridad y Justicia de Colombia, señala que el modelo de esta cárcel ha sido un éxito porque combina seguridad y respeto a los derechos humanos.

Salvador también está en el foco de atención internacional por su modelo penitenciario. Duras críticas y aplausos se han vertido sobre el presidente Nayib Bukele, quien ha ordenado mezclar a los miembros de pandillas rivales en los reclusorios de ese país prisiones, que tienen un hacinamiento del 300 %. Su modelo se sostiene en una cero tolerancia para las pandillas, tratos crueles y cero rehabilitación social.

Todas las cárceles de ese país tienen inhibidores de señal, que impiden las comunicaciones telefónicas.

Para los miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18, el encierro es una pesadilla. Viven hacinados, pues en celdas diseñadas para dos personas viven 13 reos.

Una de las medidas más polémicas es la alimentación. Desde 2021 reciben dos comidas al día. Apenas tienen dos tortillas de maíz, frijol y un huevo duro. Reciben la ración, pero nadie come hasta que otro custodio da la orden. Al finalizar, cada uno debe devolver su bandeja lavada, según reporta la prensa de esa nación.

Las cárceles de El Salvador están llenas de cámaras de seguridad y solo los guías tienen las llaves de celdas y pabellones. Para los que son miembros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 sus condenas son más altas. La mínima es de 25 años de cárcel y la máxima 45.

A los presos se les revisa si tienen objetos metálicos y se les pasa escáneres. Las celdas son requisadas cada semana. Y se les confiscan los objetos prohibidos. Lo único que se les permite tener son Biblias, cepillo de dientes y mascarillas.

Antes, allí, los internos tenían fiestas, contaban con televisores, videojuegos, licores caros y metían mujeres, quienes practicaban la prostitución.

Con este modelo, que Human Rights Watch ha calificado como tratos crueles e inhumanos, la tasa de homicidios en todo el país ha bajado. En 2021 hubo un 15 % de homicidios menos que en 2020.

La realidad en Ecuador es diferente. La tasa de homicidios en este año está en 19 muertos por cada 100.000 habitantes, la más alta en una década.

Su sistema penitenciario también es otro. Las dos últimas masacres carcelarias en Cotopaxi y la Penitenciaría que se saldaron con 29 masacrados y más de medio centenar de heridos obligó a las autoridades a volver sus ojos al modelo penitenciario. Es que después de casi 400 internos asesinados que se han registrado entre 2021 y 2022 siguen los cuestionamientos de cómo ingresan las armas a las cárceles. Cómo es que los presos sortean las seguridades. Cómo tienen fiestas con piscinas. Cómo obtienen drones, drogas y explosivos.

La respuesta de expertos es que quienes tienen las llaves de las celdas son los miembros de las bandas delincuenciales.

El experto en seguridad y exjefe de Inteligencia del Ejército Mario Pazmiño señala que no hay una distribución clara de cómo están las bandas en los centros carcelarios con excepción de la de Guayas en donde se sabe que el control está bajo poder de Los Choneros.

Mientras que en Cotopaxi se habla de la presencia de los Tiguerones y Los Lobos y también la presencia de Los Choneros. Un dato real de cómo está la distribución real de bandas en los centros no existe, dice Pazmiño. “Gran parte de los pabellones que tienen controlado no sabemos qué gente es adepta y no es adepta”, señala.

A la hora de ubicar a las megabandas por territorios, Pazmiño señala que la mayoría de las megabandas, Los Choneros, están en Guayas y Manabí, mientras que en Esmeraldas el control lo tienen los Chone Killer y los Gánsters. En Santo Domingo son los R7 y en Turi hay mayor presencia de los Lobos.

En estos sitios no hay modelos de rehabilitación. Claudia Garzón, excomisionada para la pacificación de las cárceles, dice que el problema es la corrupción en el SNAI, la falta de preparación de los funcionarios y la carencia de programas que ayuden a sacar a los presos de las redes criminales. “Hay que hacer un verdadero diagnóstico de cada preso y no ubicarlos por bandas. Ellos necesitan preparación laboral, educativa o de autosostenimiento”.

Pero ahora los presos están distribuidos dentro de las cárcles por bandas. Eso les permite controlar los santuarios. Son espacios territoriales, fuera de las cárceles, como los barrios Nueva Prosperina o Cristo del Consuelo, que son controlados por una organización delictiva. Allí hay la presencia de microcarteles. Esos son una mutación de las megabandas que nacieron de ser una banda

Dentro de las cárceles se dan las órdenes para atentados y sicariatos. En estos espacios surgen economías sumergidas, que mueven anualmente alrededor de 200 millones de dólares, según una fuente de Inteligencia penitenciaria.

Eso significa que diariamente en cada pabellón de las cárceles circulan más de 10.000 dólares por concepto de: extorsiones, cobros por seguridad a los presos nuevos, venta de dispositivos, agua, alimentos, comodidad en las celdas, entre otros insumos. Es que en la cárcel una botella de agua que en la tienda de la esquina cuesta 0,50 centavos se puede llegar a vender hasta en 5 dólares. Lo que mueven en las cárceles los líderes de las bandas casi duplica el presupuesto asignado por el Estado para el sistema de rehabilitación que en 2022 fue de 124 millones de dólares. Hasta septiembre solo utilizaron 59 millones. Entre los gastos están 20 millones en personal y 25 millones en insumos.