El país mira con estupor, al tiempo que indignado, no únicamente la abundancia creciente de casos de corrupción sino también la trama tejida para garantizar la impunidad de los denominados delincuentes de cuello blanco, que aquí, muchos de ellos, lo llevaban bordado.

Es por ello conveniente que se establezcan con claridad las respectivas responsabilidades de las autoridades judiciales y las de control.

Lo primero que se observa es que solo en muy pocos casos se dio la coordinación debida entre ellas. Aunque suene aberrante, la coordinación se estableció para delinquir y no para “controlar la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”.

Sin embargo, cuando se determinaron “responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General de la Nación”, aunque estas, según afirma el excontralor de la nación, ahora prófugo de la justicia, fueron oportunamente remitidas, precisamente a la Fiscalía General de la Nación, no se procedió a “la investigación preprocesal o procesal penal” y menos todavía “con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público...”.

El fiscal saliente, recientemente “retenido”, tiene mucho que explicarle al país. Nada justifica que asuntos claramente atinentes al interés público hayan sido tan grotescamente desatendidos y recién ahora se estén conociendo en toda su tortuosa dimensión.

Por supuesto, esa responsabilidad incumplida también le atañe a la mayoría de la Asamblea Legislativa del periodo gubernamental anterior, que dejó hacer, dejó pasar, sin cumplir su rol fundamental de control de la función del Gobierno.

Si la Asamblea Nacional hubiese actuado como le correspondía, no estaría la República sufriendo el bochorno que ahora ocasiona la evidencia de la impunidad reinante, bajo el argumento de no prestarse a las acciones circenses de periodos previos.

La condena del pasado solo ha servido para poner en riesgo el futuro nacional, dando paso libre a la corrupción.