Luego de la experiencia, viene el análisis. Los tres debates presidenciales dejan cosas positivas, pero también varias lecciones, entre ellas que otorgar de un minuto y medio a dos a cada candidato es un tiempo escaso para ahondar en aspectos como la economía o generación de empleo; muchos temas se quedaron fuera o fueron tratados superficialmente, y la falta de dinamismo tiñó a estos espacios con algo de aburrimiento.

Sin embargo, estas tres observaciones podrían haberse zanjado con un escenario con menor número de candidatos. La gran cantidad de aspirantes a Carondelet redujo el tiempo de intervención entre ellos, obligó a dejar de lado otros temas e hizo cansino un encuentro que debió ser más dinámico, lleno de propuestas y contraposición de ideas.

Bien, por un lado, que existan más espacios de careos y también que la ley obligue a debatir, so pena de sanción, a los candidatos presidenciales. Pero ante la experiencia de estos tres encuentros, una de las preguntas que saltan es: ¿Debatir debería ser una obligación de quienes, según las mediciones o encuestas, sean los tres o cuatro candidatos más opcionados?

A decir de Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), la próxima discusión legislativa sobre los debates debería ir encaminada a que estos espacios sean exclusivamente para quienes tengan posibilidades de llegar al sillón de Carondelet.

No obstante, considera que esta no es la solución al problema. A su criterio, que el país cuente con 16 candidatos presidenciales es el reflejo de la tan mencionada crisis de partidos políticos que vive el país. Y mientras no se solucione seguirán existiendo postulantes que, en igualdad de condiciones, aspiren a la Presidencia y tengan acceso al dinero público para su promoción electoral, pero obtengan menos del 1 % de los votos. “Eso es más un problema estructural. Hay que buscar un mecanismo para evitar que las promesas a soluciones inmediatas de los problemas que tiene el país se las maneje de una manera irresponsable... Con una exposición de dos minutos con una contrarréplica de un minuto, no se tiene opción para sustentar las propuestas”.

Fausto Camacho, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral y miembro del Observatorio Electoral, coincide en parte con Oleas. No concuerda en que los debates deban restringirse solo a los más opcionados, ya que se estaría contraviniendo un principio elemental de la competencia y su igualdad. “El Estado no puede hacer un procedimiento que discrimine por cualquier razón. Ese no es su papel”, replica el exfuncionario electoral.

En lo que sí concuerda con el expresidente del TSE es en el origen de este problema: la crisis de partidos políticos. “Que 16 son muchos candidatos, evidentemente que sí; pero eso no se resuelve seleccionando para que solo debatan unos y no otros. Lo que existe es una crisis del sistema de representación, que se asienta en una suerte de mentira que dice que más de 6 millones de personas en el país están afiliadas o son adherentes de organizaciones políticas”.

Para Oleas, los debates deberían limitarse a los más opcionados y que no solo sea uno, sino varios y temáticos: uno sobre salud, otro sobre economía y generación de empleo, otro sobre educación, etc. Y no solo para los candidatos presidenciales, sino también a quienes aspiran a la Asamblea Nacional.

“El dinero (público), en lugar de gastarlo en publicidad, contrataría a los medios de comunicación para que organicen debates. Es la única forma de mejorar la promoción electoral, para que el ciudadano sepa por quién votar, escogiendo por las mejores opciones y no solo por quienes más dinero usan para promover sus figuras”.

Mientras que para Camacho, la presencia de un moderador o moderadora que sea un buen interlocutor es clave en estos eventos. Cree que su selección debe ser rigurosa y que no solo lea preguntas, sino que sea también un interlocutor con los candidatos. “Eso debería hacerse en el caso de una segunda vuelta”.