Rueda de prensa sobre el balance a escala nacional de la atención de emergencias y llamadas al 911 durante el paro nacional.

Danos por 214.300 dolares en ECU 911 durante las protestas

Las llamadas de emergencia registraron un récord histórico con 470.800 entradas, de las cuales 123.140 fueron por emergencias y 347.600 por consultas sobre vías cerradas.

El Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador (ECU 911) sufrió daños en equipos e instalaciones valorados en 214.300 dólares durante los once días de protestas indígenas y de otros grupos sociales contra el alza de los combustibles.

Así lo aseguró este miércoles su titular, Juan Zapata, al enumerar varios daños, entre ellos a ochenta cámaras de videovigilancia, de las que 36, quedaron completamente destruidas.

La mayor parte de cámaras dañadas se registró en Quito (30), pero también hubo equipos afectados en ciudades como Ambato, Ibarra, Loja, Machala, Macas y Riobamba.

En una rueda de prensa, Zapata lamentó el nivel de “violencia y vandalismo” contra los dispositivos que dijo, “son los ojos” del servicio, en unos hechos en los que presume hubo planificación a tenor de los mecanismos utilizados para su destrucción.

En otros casos, los manifestantes lanzaron pedradas contra las cámaras o las taparon con fundas plásticas negras o sacos de yute, indicó al asegurar que también se reportaron daños en instalaciones de dependencias del ECU 911 en algunas provincias.

El 3 de octubre, día que estallaron las protestas al entrar en vigor la eliminación del subsidio a los combustibles, se registró el mayor número de concentraciones (293) en semana y media de protestas a nivel nacional.

El 9 de octubre hubo 252 concentraciones, mientras que el día 12 se registraron 220, que “tuvieron los mayores niveles de violencia”, aseguró Zapata al presentar un mapa de los sitios en el callejón interandino donde éstas tuvieron lugar.

Ese día, en medio de violentas manifestantes, encapuchados ingresaron en el edificio de la Contraloría General y provocaron un incendio que consumió varios pisos del inmueble y vehículos aparcados en el estacionamiento.

Durante la noche del 12 de octubre, se registró la explosión de artefactos colocados en una batería sanitaria en el parque de el Arbolito, vecino a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se concentraban miles de indígenas en rechazo al alza del coste de los combustibles.

Zapata detalló que durante las protestas hubo 392 puntos de cierre en vías estatales y 1.228 en vías internas urbanas y rurales a nivel nacional, complicaciones que se presentaron en su mayoría en provincias del conocido como callejón interandino.

Las llamadas de emergencia registraron un récord histórico con 470.800 entradas, de las cuales 123.140 fueron por emergencias y 347.600 por consultas sobre vías cerradas, lugares de concentraciones y por seguridad ciudadana.

El director general del ECU 911 recordó asimismo que durante las protestas, manifestantes atacaron las instalaciones de medios de comunicación, incendiaron patrulleros y motocicletas policiales, y destruyeron camiones de las Fuerzas Armadas.

En paralelo el servicio coordinó con el Cuerpo de Bomberos y el Servicio Aeropolicial el traslado de 22 heridos, así como sangre y oxígeno, así como material de diálisis, y 95 convoyes trasladaron productos de primera necesidad a puntos desabastecidos.

Zapata avanzó que preparan vídeos, fotografías “de los vándalos” y otros materiales sobre el ataque al sistema de videovigilancia para adjuntarlo a una denuncia que presentarán este miércoles a la Fiscalía General del Estado.

Y rechazó el “vandalismo y el nivel de violencia que se ha visto por primera vez en la historia de Ecuador” con el ataque, incluso, a los organismos de socorro, lo que dificultó sus tareas.

“Estos actos vandálicos, que salieron de todo sentido de violencia, deben ser repudiados y deben ser sancionados”, comentó.

Las protestas terminaron el pasado domingo cuando el jefe de Estado, Lenín Moreno, y los dirigentes indígenas llegaron a un acuerdo para derogar un decreto que suspendió los subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).