Más de dos meses han transcurrido desde que las autoridades seccionales se posesionaron en sus cargos. Lo primero que prometieron fue realizar auditorías para conocer el estado financiero de los municipios o prefecturas que recibieron de sus antecesores, muchos de ellos de una línea política distinta y con graves denuncias de corrupción aún pendientes en la justicia ecuatoriana. Sin embargo, todavía no se sabe cuánto durarán las investigaciones y la comunidad tendrá que esperar para conocer cómo y en qué se gastaron los recursos públicos. Los nuevos funcionarios también están en deuda con respecto a las soluciones que se deben dar a los problemas urgentes como el tráfico, servicios básicos, planificación urbana, movilidad, desarrollo, entre otros. Los ofrecimientos de campaña comienzan a diluirse, tras el anuncio de que algunos presupuestos ya habían sido asignados previamente por las administraciones anteriores, por lo que deberán hacer lo que se pueda con el remanente hasta el próximo año. Lo cierto es que no hay plazos concretos para cumplir con una rendición de cuentas seria y tampoco para la ejecución de las obras. Los pretextos sobran y lo compromisos siguen en el aire.