Este viernes 29 de octubre se cumple el mediodía seguido en que los cuencanos sufren la falta del servicio de transporte público urbano. Los 475 choferes han decidido radicalizar la medida de presión, que la mantienen desde el miércoles de la presente semana, en exigencia a un incremento de los pasajes de: 30 centavos de dólar a $ 0,50 y hasta $ 0,60, según señalan los dirigentes.

 Se trata de una racionalización de combustible, por lo que desde las 05:00 hasta las 12:00, y por tercer día consecutivo, no hay trasportación urbana, en medio de los reclamos de los usuarios.

 Manolo Solís, presidente de la Cámara de Transporte, que agrupa a siete operadoras, insiste en que su actividad ha tocado fondo. 

“No tenemos dinero para tanquear las unidades y prestar el servicio de manera normal. Tenemos una deuda de 60 millones de dólares desde el 2018, por la renovación de la unidades. Los pasajeros han disminuido y el precio de los combustibles y repuestos automotrices, se han incrementado”, anota Solís al exclamar que “ya no dan más”.

Alcalde Palacios: "es una medida ilegal"

Es una medida ´ilegal´, señala de su lado el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Advierte el burgomaestre de manera enfática “que no dará paso a la elevación de los pasajes”, sería ir contra de la economía de algo más de 200 mil usuarios que diariamente utilizan el servicio público de transportación urbana, argumenta la autoridad.

Hay una propuesta, entregarles un subsidio temporal de entre dos a 4 centavos de dólar por pasaje, oferta que los transportistas se niegan en aceptar, recordó Palacios.

“Los cuencanos tenemos el derecho a la movilidad”, citó Palacios, de ahí que el miércoles 27 de octubre, presentó una denuncia ante la Fiscalía, en procura de una sanción jurídica para los dirigentes del transporte urbano.

La denuncia se basa en el artículo 326, numeral 15 de la Constitución prohíbe la paralización de un servicio público, y de acuerdo al artículo 346 del Código Orgánico Penal, el hecho sanciona con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años.

Pudiendo además aplicar la sanción del retiro de los títulos habilitantes que permite la prestación del servicio de transporte público urbano.